La acción penal contra los líderes separatistas del 1-O tuvo su curso legal con la investigación y la sentencia del Tribunal Supremo, y ahora con el inicio de la revisión de sus recursos por el Constitucional. Pero aún queda pendiente de resolver una acción contable derivada del uso de dinero público que hicieron una treintena de antiguos altos cargos de la Generalitat a través de las llamadas ‘embajadas’ catalanas y del organismo Diplocat. Por eso, el Tribunal de Cuentas ha citado el próximo mes de junio a Mas, Puigdemont, Junqueras y tres decenas más de dirigentes separatistas, para reclamarles el dinero empleado de modo ilícito en promover el proceso secesionista en el extranjero. Ya en su día el Tribunal de Cuentas condenó a Mas al pago de 4,1 millones por la organización de una consulta ilegal. Más allá de los tipos penales, la responsabilidad contable también es relevante, sobre todo si se ha usado el dinero de los españoles para cometer una maniobra golpista contra España.
