Un Tribunal Federal otorgó un amparo a dos legisladores federales, sentencia que ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) que les reconozca el carácter de víctimas y, por ende, que tengan acceso a cuatro carpetas de investigación iniciadas por denuncias contra funcionarios que supuestamente beneficiaron a la empresa OHL México, hoy Aleática.
Las magistradas Taissia Cruz Parcero, Elisa Macrina Álvarez Castro y Guadalupe Martínez Luna, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal, concedieron la protección de la justicia al senador y a la diputada federal, Emilio Álvarez Icaza y Ana Lucia Riojas Martínez, respectivamente.
La sentencia establece que la negativa de la FGR de reconocer a los quejosos el carácter de víctimas en las carpetas de investigación “resulta inconstitucional”.
Lo anterior, porque “los actos de corrupción constituyen actividades nocivas que lesionan o ponen en riesgo tanto a las instituciones, actividades y recursos del Estado, que impactan desfavorablemente en un amplio sector de la sociedad o en la totalidad de ésta”.
“De ahí que el bien jurídico es de naturaleza colectiva y, por ende, su protección y titularidad debe estimarse establecida para cualquier persona u organización (que persiga dichos fines) y que formen parte de la misma, pues la sociedad y sus integrantes, al resentir una afectación, están interesados en que se investiguen tales conductas, así como a los responsables”, indicaron las magistradas.
La resolución deja claro que no sólo les reconoce el carácter de víctima, sino que afirma que en los delitos de corrupción la víctima es la sociedad. Ahora, la Fiscalía General de la República deberá citar a los legisladores y permitirles el acceso para el seguimiento de aquellas denuncias.
En noviembre de 2018, los legisladores presentaron cuatro denuncias en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos actos de corrupción por parte de la empresa OHL México.
En las denuncias se menciona que el dinero probablemente sirvió para financiar campañas del gobierno del Estado de México, recursos que también beneficiaron a funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Otras de las denuncias tienen que ver con un probable pago de 1.4 millones de euros que OHL México realizó en España para favorecer al Partido Popular; una más corresponde a la entrega de 3 mil 600 millones de pesos al Gobierno del Estado de México para financiar campañas.
De igual manera, por sobornos a funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la concesión de las autopistas Amozoc-Perote y Atizapán-Atlacomulco, además de obras que no se realizaron y aparatos que no se entregaron.
Las carpetas de investigación son: FED/SEIDF/UNA-CDMX/0000976/2019, FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000978/2019, FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000979/2019 y FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000980/2019.
Sin embargo, la FGR determinó que los denunciantes no podían tener acceso a las mismas, porque no les asistía calidad de víctimas, toda vez que no se advertía daño físico, pérdida financiera o menoscabo en sus derechos.
