La inseguridad en que viven los desmovilizados muestra uno de los flancos incumplidos del proceso de paz. También crece la cifra de líderes sociales muertos
BOGOTÁ, marzo 3.— La Jurisdicción Especial de Paz (JEP), surgida de los Acuerdos firmados entre el Estado colombiano y las desaparecidas FARC-EP en 2016, hizo a distintas entidades lo que fuentes locales calificaron de «duro llamado», ante la persistencia de los asesinatos contra los excombatientes.
Desde la firma de la paz y la desmovilización de la guerrilla, han sido asesinados más de 250 miembros del grupo en proceso de reincorporación a la vida civil, recordó el diario colombiano El Tiempo.
Por esa razón, la JEP emitió siete órdenes dirigidas a los ministerios de Defensa y del Interior, al Comisionado de Paz, al Consejero Presidencial para la Estabilización, a la Fiscalía y otras entidades, para que adopten medidas de manera urgente que eviten «el derramamiento de sangre al que se han visto expuestos los ex-Farc», dijo el rotativo.
«No son suficientes los esfuerzos del Gobierno Nacional y de otras entidades del Estado para evitar nuevos asesinatos de excombatientes de las FARC», denunció la JEP, con base en las advertencias de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, que emitió las órdenes a distintas instituciones para que protejan de manera integral a más de 9 000 excombatientes.
En su reclamo, la JEP también recordó a las autoridades que proteger los derechos fundamentales de los excombatientes no solo redunda en el compromiso del Estado con quienes dejaron las armas para sustituirlas por el ejercicio activo de la política, sino con quienes sufrieron los vejámenes del conflicto armado.
El informe puntualizó que «la muerte de cada compareciente priva a las víctimas de materializar sus derechos a la verdad plena, participar de las audiencias de reconocimiento y saber el lugar donde se encuentran los restos de sus seres queridos».
Según la ONG Indepaz, en 2020 fueron asesinados 64 firmantes de la paz y 310 líderes sociales entre indígenas, afrodescendientes, campesinos, y mujeres y hombres defensores de la identidad sexual, además de 12 de sus familiares, y se ejecutaron 91 masacres.
En 2021 y hasta el 21 de febrero pasado, Indepaz contabilizaba 15 de esas matanzas con 59 víctimas fatales, al tiempo que reportaba hasta el martes 28 activistas y diez exguerrilleros asesinados.
Ante esa realidad y mediante las órdenes emitidas, la JEP demandó de la Procuraduría General el seguimiento de las alertas tempranas que se emiten para mitigar estos hechos; y del Ministerio de Defensa, el apoyo a la Fiscalía para continuar investigaciones judiciales en zonas donde no se le ha permitido trabajar debido al riesgo de seguridad.
También requirió del alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, la presentación en 15 días del plan de acción de la Política Pública y Criminal en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales, mientras la Defensoría del Pueblo debe reforzar el Sistema de Alertas Tempranas, explicó Telesur.
El Ministerio del Interior recibió de la JEP la demanda de incrementar su apoyo a las alertas tempranas y mejorar su respuesta institucional ante los casos de riesgo.
A la Unidad Nacional de Protección se le llamó a a que ejecute la totalidad de medidas para proteger a los exguerrilleros, mientras la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía tendrá que informar acerca del progreso en las investigaciones de 19 exmiembros de las FARC-EP asesinados después de haber recibido amenazas, amplió la multinacional.
Por último, las órdenes de la JEP incluyeron la demanda al Consejo Superior de la Judicatura para que informe mensualmente sobre los procesos guardados en sus bases de datos sobre delitos cometidos contra exguerrilleros desde diciembre de 2016.
