El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, del PSOE, ha comunicado este jueves al pleno que renuncia al cargo, tras reconocer que ha perdido la mayoría que le permitía hasta ahora gobernar la corporación
"No voy a ser un obstáculo ni a permitir artimañas", ha señalado Acosta, que desde hace semanas se enfrentaba a la amenaza de una posible moción de cesura, desde que el rechazo a los presupuestos de 2021 evidenció las discrepancias entre sus socios de gobierno.
Los presupuestos que había sometido al pleno el gobierno insular que presidía Blas Acosta decayeron el pasado 22 de diciembre porque dos de sus compañeros de ejecutivo, Sergio Lloret, de Asambleas Municipales de Fuerteventura, y Marcelino Cerdeña, de Unidos por Betancuria, no se presentaron a la sesión.
Acosta reaccionó destituyendo a ambos, pero ello solo evidenció su minoría, hasta el punto de que el portavoz autonómico de uno de sus principales socios, Nueva Canarias, Luis Campos, reconoció en unas declaraciones públicas que daba por hecho que el gobierno de Fuerteventura se iba a enfrentar a una moción de censura de CC y PP.
De hecho, la propia Nueva Canarias había sufrido una ruptura con sus aliados insulares, AMF y Unidos por Betancuria, que llevó a Sandra Domínguez abandonar su grupo en el Parlamento de Canarias. Hoy mismo, Domínguez ha tomado posesión como consejera del Cabildo de Fuerteventura en sustitución de Cerdeña.
En declaraciones en un receso del pleno, Acosta ha explicado que durante las últimas semanas ha intentado establecer conversaciones con CC, PP y Sandra Domínguez para conformar una mayoría de gobierno, pero sin éxito. Por ello, abandona la presidencia -pero no su condición de consejero-, "para no ser un obstáculo", ha alegado.
Hasta que el pleno elija a un nuevo presidente entre los cabezas de lista de los distintos partidos, presidirá el Cabildo de Fuerteventura el consejero de NC Alejandro Jorge, que ocupaba la vicepresidencia primera.
Blas Acosta fue elegido presidente del Cabildo de Fuerteventura en julio de 2019, tras prosperar la moción de censura presentada por el PSOE, Nueva Canarias-AMF-UB y Podemos contra la candidata más votada en las elecciones insulares, Lola García (CC).
El ya expresidente del Cabildo de Fuerteventura se enfrenta a dos procesos judiciales en los que la Fiscalía pide para él penas que suman siete años prisión, en ambos casos relativos a su pasado como concejal del Ayuntamiento de Pájara.
