Los negocios de hostelería y ocio de la provincia de Alicante arrastran una deuda con sus proveedores de más de 150 millones de euros a causa de los cierres gubernamentales y de las restricciones a las que está siendo sometido el sector desde agosto por la pandemia. Miles de facturas a las que tienen que hacer frente pese a no ingresar un solo euro, que ayer arrojaron a las puertas de la sede del Consell en Alicante en el momento álgido de una ruidosa protesta con cacerolada que se prolongó durante una hora. En su transcurso exigieron la reapertura de los establecimientos el 1 de marzo con el 100% de las terrazas y un aforo del 50% en el interior de los locales, hasta el toque de queda, con distancia entre mesas. El Consell trabaja en una desescalada solo con los veladores al aire libre.
