Los giros inesperados se han convertido en una constante en la celebración del juicio por la «Operación Zamburiña». Después de que la Fiscalía se quedase sin argumentos al anular la magistrada las escuchas que vertebraron la instrucción del caso, sumado al rechazo de las nuevas pruebas aportadas, la última sesión de la vista oral no fue para menos. Tras un retraso este miércoles en el arranque de la vista por la incomparecencia de uno de los treces acusados —cuatro agentes de la Unidad de Estupefacientes y nueve presuntos traficantes— se confirmó que uno de los procesados estaba en el calabozo de la comisaría de Vigo, lo que obligó a la suspensión del juicio.
Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza aclararon que el hombre en cuestión —uno de los acusados por narcotráfico— fue detenido por un delito de quebrantamiento de condena y que a media tarde quedó en libertad tras pasar a disposición judicial ante el Juzgado de Violencia sobre la mujer vigués. El sospechoso declinó conformarse con la pena solicitada en el juicio rápido, por lo que el caso será trasladado a un juzgado de lo Penal.
Antes de que este incidente desbaratase una vez más el calendario previsto, se contemplaba que en la jornada de este miércoles la Audiencia Provincial orensana acogiese la última sesión de las programadas para el juicio de la «Operación Zamburiña», que pasó de durar casi dos meses a tan solo una semana. Por finiquitar queda la declaración de nueve de los inculpados en esta presunta trama de corrupción que salpicaría a los miembros de la Unidad de Estupefacientes y a un grupo de traficantes con los que, presuntamente, hacían la vista gorda a cambio de informaciones sobre otros narcos. Hasta el momento, todos los interrogados han negado las acusaciones, ratificando que «jamás» usaron información confidencial para lograr «crédito corporativo» tal y como los acusaba el Ministerio Público en base a un informe de Asuntos Internos que finalmente fue invalidado. Las defensas sostienen que las escuchas telefónicas que motivaron todo el caso estaba «descontextualizadas» y que la relación de los policías con los traficantes era la normal en el marco de las investigaciones por narcotráfico. La Fiscalía solicitó penas de hasta nueve años de prisión que, presumiblemente, quedarán en nada.
