La detención del camarógrafo de Chilevisión, Alex Cuadra, fue una de las noticias que ocupó la discusión pública a nivel político este lunes recién pasado. La actuación fue vista en vivo por los televidentes de ese canal de televisión y repudiada públicamente por el mismo y también por figuras del ámbito público.
Sin embargo, aunque la situación vivida el lunes por el profesional de las comunicaciones fue definida como un hecho aislado, los datos levantados por el Observatorio del Derecho a la Comunicación dicen algo completamente distinto, ya que entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020 69 periodistas, fotógrafos y reporteros fueron detenidos por efectivos policiales a lo largo del país, esto quiere decir que, mensualmente, casi 6 profesionales de las comunicaciones son aprehendidos por estar llevando a cabo la labor informativa.
“Durante un año marcado por la pandemia COVID-19 y las restricciones de movilidad, no han cesado los ataques a la prensa que ha salido a la calle a cubrir las movilizaciones. En 2019 muchos ataques se produjeron en protestas masivas en un contexto de uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de orden público; en 2020, con protestas puntuales y menos masivas, se ha evidenciado que los ataques de Carabineros de Chile a la prensa son intencionados, que consisten principalmente en detenciones arbitrarias e ilegales, siendo sus principales víctimas los comunicadores y medios independientes que se dedican a documentar las prácticas de abuso policial. Si bien el número de agresiones es significativamente menor al producido en los primeros meses del estallido social, destaca el elevado número de detenciones arbitrarias registrado y que llega a 69 casos en 2020, cifra que según los datos disponibles es la mayor producida desde el final de la Dictadura”.
Así inicia el reporte del organismo que pone en evidencia el uso indiscriminado de armas disuasivas por parte de efectivos de Carabineros en contra de reporteros en el ejercicio de sus funciones.
En entrevista con nuestro medio, Javier García, director ejecutivo del Observatorio, explicó que, de acuerdo con los datos levantados por ellos, desde el 2011 se ha producido un incremento importante en las detenciones de reporteros en el marco de movilizaciones sociales.
“A partir de 2011 hubo un aumento del hostigamiento y ataques a la prensa. Cada vez que había movilizaciones, era habitual que hubiera alguna detención a algún reportero. Si había detenidos en alguna manifestación, al menos uno de ellos era reportero y en algunas ocasiones, la mitad eran reporteros”.
Luego de las movilizaciones ocurridas a partir del 18 de octubre, las cifras evidenciaron un nuevo aumento, pero en el marco de la pandemia con restricciones para la movilidad y con un muy bajo número de protestas ciudadanas, las aprehensiones a los profesionales de las comunicaciones subieron.
“Con la excusa de las restricciones sanitarias empiezan a haber más detenciones, pese a que la prensa no necesitaba permisos para funcionar, sobre todo en los primeros meses. Luego se les empezó a exigir permisos, los que también conseguían, sea como permiso colectivo o salvoconductos nocturnos, pero a pesar de eso, las detenciones continuaron. El 1 de mayo hubo una detención masiva de reporteros tanto en la jornada de mañana como en la de tarde, fueron casi 20 detenciones solo en Santiago incluso una de ellas fue en directo al camarógrafo de TVN quien transmitió y se pudo observar cómo en el carro policial había más reporteros con cámaras y credenciales muy visibles”, señala García.
Uno de los periodistas que fue detenido en esa fecha fue el actual presidente del Colegio de Periodistas, Danilo Ahumada, contra quien además se presentó una querella por parte del Intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, por desórdenes e infracción de la normativa sanitaria vigente durante el Estado de Catástrofe decretado a causa de la pandemia.
Ahumada conversó con nuestro medio de este informe y de la situación de vulnerabilidad que enfrentan especialmente los reporteros de medios independientes ante los abusos policiales y cómo esto afecta a la democracia.
“Cuando se habla de que en Chile efectivamente existe una democracia sana, nosotros creemos que estos principios que son básicos y están ratificados en Tratados Internacionales sobre la libertad de expresión, al ser vulnerados obviamente atentan contra esta democracia que se pretende y se instala más como un discurso que en la praxis”.
El Presidente del Colegio de Periodistas ahondó en la necesidad que en nuestro país exista un derecho a la comunicación y una mejor normativa en materia de prensa.
“Nos quedó chica la ley de prensa, la Constitución solamente garantiza la libertad de expresión pero orientada más bien a temas individuales y eso ha significado que luego de lo ocurrido el 18 de octubre, se ha levantado con más fuerza el debate sobre la necesidad de un marco regulatorio distinto en materia de medios de comunicación, pero además necesita consagrar ese derecho a a la comunicación”.
En materia de las vulneraciones que afectan a los reporteros, Ahumada explicó que el Colegio de Periodistas levantó un grupo de veedores que buscan proteger los derechos de los periodistas que salen a ejercer la función informativa en las calles ante los abusos policiales, pero que es fundamental que, en el marco del proceso constituyente este tema esté en la discusión de los convencionales, pues el derecho a la información y a las comunicaciones es vital para la supervivencia de la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Una de las conclusiones a las que llegó el equipo del observatorio del Derecho a la Comunicación es que, en estado de excepción constitucional, son principalmente los funcionarios de Carabineros los que llevan adelante las detenciones a periodistas, gráficos, camarógrafos y reporteros. Además, que tales aprehensiones se realizan principalmente contra quienes se desempeñan en medios independientes o comunitarios.
Por otra parte, la gran mayoría de las detenciones de los profesionales de las comunicaciones no llegan a control de detención y los aprehendidos son liberados a las pocas horas, lo que, sin embargo, sí interfirió en el desarrollo de su labor la que se vio interrumpida y abortada por la acción de la policía.
Para Danilo Ahumada, las aprehensiones a los reporteros constituyen una política de Estado que pone en serio riesgo los fundamentos mismos de la democracia.
“Aunque la responsabilidad directa es de Carabineros, aquí hay una política de Estado asumida en el Gobierno que es responsable directo de lo que sucede en el país a través de su ministro del Interior, entonces no podemos quitar el peso a la responsabilidad política que hoy tiene el Gobierno de turno”.
“El Gobierno y Carabineros tienen la obligación de cuidar el orden público, pero cuando hay un camarógrafo o hay alguien con un micrófono o sacando fotografías ahí no hay ningún delito, por lo tanto las detenciones son un abuso de poder”, asevera.
Un asunto que llama la atención de Gustavo Alfonsi, Encargado de litigación estratégica del Observatorio, es que los datos que se conocen respecto de las detenciones son muy inferiores a la realidad, ya que los periodistas y reporteros deciden no denunciar los abusos o vulneraciones a sus derechos por considerar que ello forma parte de su trabajo.
“Hay una cifra negra que es alarmante. Hemos levantado estos casos a través de fuentes abiertas y testimonios directos y aun así sabemos que hay un ochenta por ciento de casos que no se registran, en gran medida por la imposibilidad de comunicación, pero también por la normalización de la violencia policial en contra de fotógrafos, comunicadores y periodistas que es preocupante. Uno habla con ellos y dicen que esto es sin llorar, entonces, hay un lenguaje que ha normalizado esta agresión”.
Según la herramienta de medición de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), llamado de Chapultepec, Chile es el país de América Latina que presenta los mejores índices para el ejercicio periodístico y el derecho a la libertad de expresión.
“Con un índice general de 80 puntos, sobre un máximo de 100, Chile lidera desde el cono sur el Índice Chapultepec, en un clima positivo y de respeto, con grados de influencia leves de los entornos legislativo, judicial y ejecutivo, siendo este último el más bajo de todos (1.00)”, dice el texto del informe.
Javier García pone énfasis en que en tal informe se recogían datos de detenciones a profesionales de la prensa, pero que ellas fueron relativizadas por su corta duración y sin que se presentaran cargos judiciales contra los reporteros.
“Creemos que en Chile hay una espiral del silencio y, en concreto con las detenciones, se evidencia que hay un ocultamiento de esos hechos. Hay también un clasismo profesional, porque los periodistas de grandes medios no reconocen como comunicadores a los reporteros gráficos o a los que se desempeñan en medios comunitarios o en medios independientes y pequeños”.
“Con lo que ha pasado después del estallido y las numerosas violaciones de derechos humanos se ha opacado muchas otras cosas, pero sobre eso, hay un desinterés y un ocultamiento de que este tipo de detenciones contra los reporteros se sepan”, concluye el Director Ejecutivo del ODC.
