Colectivos proetarras de naturaleza eclesiástica se han posicionado en favor del expárroco de Lemona (Vizcaya) que excusó la actuación de ETA en un documental de Iñaki Arteta. Consideran que se ha infligido un «castigo injusto» al cura por defender, aseguran, lo que piensa «un amplio sector» de la sociedad.
La Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria, Comunidades Cristianas Populares y Herria 2000 Eliza, asociaciones que agrupan a varios centenares de eclesiásticos, se refirieron en un comunicado a la reciente polémica que ha rodeado a la figura de Mikel Azpeitia, quien fuera párroco en el municipio vizcaíno de Lemona, que en el documental de Arteta contextualizó la actuación de ETA en el marco de una «guerra entre bandos». «Era una respuesta a lo que se estaba sufriendo, aquella situación la aplaudía toda la gente, que se pudiera matar a un guardia civil porque comulgabas con ello... Una cosa es decir que estuvo mal y otra admitir que no hubo otra forma de hacer», aseveró. En otro momento destaca que no sabe «hasta qué punto es terrorismo» que «un pueblo oprimido al que quieren conquistar responda con violencia».
Las declaraciones del sacerdote fueron denunciadas ante la Audiencia Nacional por la asociación Dignidad y Justicia y rechazadas en bloque por las principales instituciones eclesiásticas, incluida la Diócesis de Bilbao, que las tildó de «inaceptables». En esta línea, advirtió de que Azpeitia deberá «hacer frente a su responsabilidad y a las consecuencias» que se deriven de sus palabras. Posteriormente, el Consejo Episcopal de Bilbao, con el Obispo Mario Iceta al frente, desautorizó las «opiniones personales» del párroco, que fue retirado de los oficios eclesiásticos que venía desempeñando.
Pero no toda la Iglesia vasca ha dado la espalda a Azpeitia. Colectivos proetarras consideran que el párroco manifestó «con audacia y sinceridad» lo que «un amplio sector de la sociedad vasca, también cristiano, con sus deudas y contradicciones, ha mantenido y mantiene sobre la reciente historia de Euskal Herria». En este sentido, defienden sin ambages que los años de terrorismo fueron un «levantamiento» ante «la falta de reconocimiento de sus derechos fundamentales». «El cual, como en anteriores episodios, ha tenido su vertiente violenta, con el consiguiente rosario de sufrimiento y muertes; pero también de dignidad», añaden en su nota.
Estas asociaciones defienden que teorías como la de que existió un «conflicto» entre bandos en el País Vasco, tal y como dijo Azpeitia, son «válidas en cuanto opiniones y necesarias para un relato plural». En este sentido, acusan a la Iglesia de tratar de imponer «un relato único lleno de intereses» sobre la historia de la violencia en el territorio: «Nos oponemos con toda convicción a semejante manipulación de la historia que pretende imponer una lectura parcial, que quiere ser única e indiscutible, mientras se judicializa y persigue la contraria», aseveran.
Finalmente, avanzan que seguirán «intentando aportar» su «compromiso solidario en esta nueva etapa de Euskal Herria en pos de su libertad, su soberanía y su derecho a decidir».
Los colectivos que firman el comunicado representan a un sector minoritario de la Iglesia vasca, menos del 10 por ciento de los sacerdotes del territorio en el caso de la Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria. No obstante, sus mensajes son a menudo objeto de polémica en la Comunidad Autónoma vasca. La religión constituye una cortina de humo que utilizan para extender los ideales de los terroristas y su odio sistemático hacia España. «El camino violento es un mal menor integrable en el proceso cristiano de liberación », defendieron en el año 2002.
Durante los tiempos de actividad terrorista, la Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria canalizaba la acción de los curas radicales en el País Vasco, y de ella surgieron documentos como el manifiesto «En defensa de los derechos y libertades fundamentales» (contra la ilegalización de Batasuna). «El problema no es el llamado terrorismo de ETA, sino la situación injusta del Pueblo vasco», destacaron entonces.
El fin de la violencia no propició la desaparición de este tipo de asociaciones, que de hecho han mantenido una gran actividad en los últimos años. En 2019 denunciaron los «continuados abusos y violencias de poder por parte del Gobierno» en Cataluña, al tiempo que defendieron que las penas impuestas a los agresores de los guardias civiles en Alsasua (Navarra) fueron «totalmente desproporcionadas».
