La condena definitiva de Joaquim Torra a un año y medio de inhabilitación no es más que un acto de justicia. Él se mofó de los tribunales, se vanaglorió de desobedecer a la Junta Electoral, se negó a retirar una pancarta de apoyo a los condenados por sedición y se autoinculpó para dárselas de mártir del independentismo. Hoy eso le ha costado el cargo, que abandonará sin tener siquiera la decencia de cumplir su compromiso de convocar elecciones. Una vez más, el separatismo toma a más de seis millones de catalanes como rehenes de una causa fracasada y los abandona a su suerte: sin presidente, con un sustituto maniatado en funciones, con un embrollo jurídico sobre cómo y cuándo podrá disolverse el Parlament, con el secesionismo roto en bloques, y en pleno rebrote de la pandemia. Cuando creíamos que Torra no podía poner las cosas más difíciles, se supera. Hasta ahora, su indolencia y nula capacidad de gestión ya se había llevado por delante mucho tiempo, dinero y salud de los catalanes. Pero hoy demuestra que es incapaz de rectificar ni cuando los jueces le afean su abusivo uso del poder y su ridículo sentido del desafío al Estado. Todo queda en una interinidad irresponsable dentro del peor desgobierno, y la pregunta que cabe hacerse es qué necesidad tienen Torra y los exégetas del golpismo de seguir maltratando a los catalanes, hurtándoles la oportunidad urgente de ir a las urnas.
Ahora ya sabemos también que a Sánchez esta sentencia le molesta porque es un fervoroso de que el separatismo condicione los presupuestos, de las «mesas de diálogo» Estado-Cataluña, o de marginar al Rey. Es de suponer que Sánchez incluirá a Torra entre los ilustres beneficiados de este indulto virtual que ya ha concedido al independentismo con tal de garantizarse el poder. Lamentablemente, será otra oportunidad perdida para dar la puntilla al secesionismo ahora que está profundamente fracturado, que Torra está inhabilitado, Junqueras en prisión y Puigdemont huido. Sus líderes han sido castigados por el sistema, y sin embargo Sánchez se dedica a dudar de él. Por eso se ha propuesto dinamitarlo y demoler la herencia de 1978. Convertirlos, como hacen Sánchez e Iglesias desde el Consejo de Ministros, en víctimas de unos jueces «represores», ilegítimos y parciales, y presentar a los condenados como mártires del Código Penal, es el mayor error de La Moncloa. Peor que un error, es una perversión de la democracia. En vez de felicitarse porque nuestro sistema sea fuerte y responda con autoridad a los desafíos destructivos, el ministro de Justicia lamenta que el Rey pueda alterar la «convivencia» en Cataluña. Y en vez de acatar las decisiones judiciales, parte del Gobierno tilda de «provocación» la inhabilitación de Torra. Antes cabía duda de en qué bando estaba Sánchez. Ahora ya se sabe que en el constitucionalista, no.
