Un paso adelante, otro atrás. Otro adelante. Así, a trompicones legales, evoluciona el relanzamiento de la investigación de la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa amparada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y es que, esta misma semana, las autoridades capturaron en dos ocasiones a un sospechoso clave después de que una jueza lo pusiera en libertad tras su primera detención al desestimar las pruebas que lo vinculan al caso.
Ángel Casarrubias Salgado, alias «El Mochomo», fue liberado el miércoles —había sido detenido el 24 de junio— porque la jueza no encontró evidencias suficientes para imputarle el delito de delincuencia organizada. Ese mismo día, el 1 de julio, volvió a ser arrestado. Ahora otro juez dio el viernes un plazo de 24 horas a la Fiscalía para que le explique esta segunda detención. Y todo este embrollo legal se encuentra además enmarañado por un supuesto caso de corrupción para lograr la primera liberación de «El Mochomo», presunto líder de Guerreros Unidos, cártel que según la versión oficial quemó los cuerpos de los jóvenes en un basurero en el pueblo de Cocula.
«Ellos nos dan la notificación y nosotros les damos el dinero», dice un abogado a la madre de «El Mochomo», en un audio publicado por medios mexicanos el jueves, para supuestamente informarle que ya había gestionado un soborno para liberar a su hijo. «Puedo decirles que la libertad del presunto responsable de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa tuvo que ver con un acto de corrupción del juzgado», dijo López Obrador en rueda de prensa tras la filtración de la grabación, de unos cinco minutos de duración. «Hubo dinero de por medio», concluyó.
Esclarecer este complejo caso, ocurrido hace seis años, es una de las prioridades de López Obrador, presidente desde diciembre de 2018. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa supuso un duro golpe para su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), ya que la investigación estuvo plagada de irregularidades y la versión oficial ha sido incluso rechazada este año por una juez de Arizona (EE.UU.) que acusa directamente al Gobierno mexicano de «torturar» testigos.
Según, la versión oficial, el 26 de septiembre de 2014 varios policías detuvieron a los jóvenes en el municipio Iguala y los entregaron a Guerreros Unidos para que se deshicieran de los cuerpos. Ese grupo los transportó, ejecutó y quemó en el vertedero de Cocula. Este relato se basa en el testimonio 142 detenidos, de los que unos 80 ya han sido liberados debido a irregularidades de la Fiscalía. Dos hermanos de «El Mochomo», Sidronio y Adán Zenén, fueron detenidos por su participación en el caso y están todavía en prisión.
El arquitecto de la versión oficial
Tomás Zerón es el arquitecto de la versión oficial. Fue el investigador principal del caso Ayotzinapa y se encuentra fuera del país, pero el fiscal general, Alejandro Gertz, ha asegurado que tienen ubicado a Zerón y van a tratar conseguir que sea extraditado a México. El fiscal no detalló en qué país se encuentra, pero la prensa especula que podría estar en Canadá. En marzo, un juez ordenó el arresto de Zerón por posible fabricación de pruebas y violación de los derechos humanos. «Ya cuenta con orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol para su localización y extradición», dijo Gertz en rueda de prensa.
Lograr traer a Zerón sería un importante hilo del que esta nueva investigación podría tirar en su intento por resolver ese trágico crimen. Dentro de este proceso, Gertz también ha solicitado 46 órdenes de captura contra funcionarios del Estado de Guerrero, quienes estarían supuestamente involucrados en los hechos. Guerrero es el Estado donde se encuentra Iguala, el municipio donde los jóvenes fueron vistos por última vez.
México, una gran fosa clandestina
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es uno de los crímenes en México de mayor relevancia internacional. Demostró la incapacidad del país para asegurar seguridad y justicia a sus ciudadanos, además de evidenciar nexos entre gobiernos locales y narcotraficantes.
En los días siguientes a aquel trágico 26 de septiembre, México contemplaba espeluznado como las autoridades encontraban en Guerrero varias fosas clandestinas repletas de cadáveres que no correspondían con los de los cuarenta y tres. Si no eran ellos, ¿quiénes eran esas víctimas anónimas? El caso marcó un antes y un después al llamar la atención sobre el elevado número desaparecidos que hay en México y mostrar la impunidad con la que operan las organizaciones delictivas.
Según datos oficiales, hay unas 40.000 personas desaparecidas en todo México. Sin embargo varias ONGs creen que la cifra real podría ser superior a los de 300.000, dado que muchos familiares no denuncian por temor a las represalias. Se estima que se han encontrado un total de 1.075 fosas comunes con 2.204 cuerpos en México entre 2007 y 2016, según un estudio elaborado por la Universidad Iberoamericana y la Comisión de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.
