De la batalla librada contra el Covid-19 conocemos a los héroes, los miles de profesionales de la sanidad que se enfrentaron a la pandemia sin apenas protección, pero desconocemos a los mártires, enfermos a los que se dejó morir por falta de medios. Una sociedad madura ha de estar preparada para la guerra, pero también para asimilar todos y cada uno de sus desastres, sin rehuir el debate ético al que obliga una situación tan crítica como la que en los peores de días del pasado abril se vivió en hospitales y residencias de mayores. El envío realizado desde la Consejería madrileña de Sanidad a estos centros -un protocolo de actuación que desaconsejaba el traslado de ancianos de residencias a centros hospitalarios- no puede ser despachado con excusas improvisadas, ni explicado a partir de guerras internas y filtraciones interesadas. Si el consejero, como asegura, cometió un error al distribuir ese borrador, la negligencia es de tal magnitud y de tan graves consecuencias que está obligado a dimitir. Por el contrario, si Enrique Ruiz Escudero actuó de forma premeditada y pragmática, tiene ahora la oportunidad de asumir su responsabilidad en un episodio que ha de ser afrontado con el valor, la serenidad y el aplomo que tanto se echa de menos en la clase política. Si el consejero madrileño consideró que había que elegir entre la vida de los más jóvenes y los más ancianos, que lo defienda, con luz y taquígrafos, ante una opinión pública que algún día tendrá que enfrentarse a los dilemas morales que suele esquivar para garantizarse el sosiego y perpetuar su hedonismo.
Desbordado por la explosión de los contagios del Covid-19, sin los respiradores necesarios para salvar de la asfixia a miles de enfermos, nuestro sistema sanitario no pudo prestar auxilio a todos. En las residencias de mayores, desprovistas de medios, la tragedia fue aún peor, y no solo en Madrid o Galicia, hacia donde señala la izquierda con criterio selectivo. Si en residencias y hospitales se aplicó cualquier protocolo, la sociedad española, con una herida cifrada en decenas de miles de muertos, tiene el derecho y el deber moral de conocerlos, discutirlos y, llegado el caso, denunciarlos, como hizo el Comité de Bioética de forma tardía. El consejero madrileño de Sanidad está en una posición de privilegio para abordar este debate, quizá incómodo, pero ya inaplazable. También Pablo Iglesias, como mando único de una gestión que se quiso atribuir el 19 de marzo con fines puramente propagandísticos para luego ignorarla, está obligado a explicar qué sucedió en las residencias de las que dijo hacerse cargo. El vicepresidente del Gobierno prefiere hablar de escudos sociales, pero es hora de que, como máximo responsable de estos centros, detalle qué hizo y qué dejó de hacer para evitar tanta muerte, con protocolos o sin ellos.
