En las últimas semanas el Estado de Derecho se ha visto sometido a una presión hasta ahora desconocida. Es cierto que los intentos golpistas de 1981 y 2017 entrañaron gravísimos desafíos constitucionales, pero entonces los ciudadanos percibimos que se defendía nuestro régimen de libertades. Sin embargo, en estos días, somos bastantes los que tenemos la sensación de que no sucede lo mismo, como si el virus también hubiera infectado al Estado de Derecho.
Un real decreto del pasado catorce de marzo declaró el estado de alarma que aún padecemos. Esta norma legal no la firmó el presidente del Gobierno, sino la vicepresidenta primera, y lo hizo más de veinticuatro horas después de haberse anunciado solemnemente el día anterior.
En aplicación de...
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