El modelo de la economía social se pone en el escaparate
En España su desarrollo legislativo llegó con la Ley 5/2011, de 27 de marzo, la primera que se aprobó en Europa sobre esta materia. El texto recoge los distintos tipos de entidades que se engloban bajo este concepto: desde las cooperativas hasta las mutualidades y sociedades laborales, pasando por otras fórmulas como los centros especiales de empleo o las cofradías de pescadores. El espectro es amplio, pero hay un denominador común. «Priorizan el fin social sobre el capital, pero fundamentalmente hacen que las personas se sientan partícipes de su proyecto empresarial porque son socios», dice Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes).
Ese sentimiento de pertenencia ya se demostró durante los años de la crisis. Frente a la oleada de despidos masivos que realizaron las empresas mercantiles para sobrevivir a la coyuntura económica adversa, estos negocios supieron mantener el tipo. Entre el último trimestre de 2007 y el último de 2012 la destrucción de empleo en economía social fue siete puntos y medio menor que en el resto de sectores. Además, entre julio y diciembre de 2012, una de las etapas más duras de la recesión, estas entidades fueron capaces de crear más de 15.000 nuevos puestos de trabajo.
¿Y en qué punto se encuentra ahora? A cierre de 2018 existían en España 42.140 empresas de economía social, con dos familias mayoritarias: las cooperativas, que representan el 47,35% del total y las sociedades laborales, que suponen el 20,70%. Son precisamente de estas dos formas jurídicas de las únicas que el Ministerio de Trabajo tiene datos oficiales.
En el caso de las cooperativas, desde el tercer trimestre de 2013 hasta el mismo periodo de 2019, el número de empleados de estas empresas con autónomos y de las que se acogen al régimen general de la Seguridad Social ha aumentado un 10% y un 14% respectivamente. Un crecimiento que también se ha producido en el número de entidades.
José Luis Monzón, director del Ciriec España (Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa) y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, aporta otro dato: «La facturación estimada para 2019 es de 70.000 millones de euros y en 2016 estuvo en 60.000 millones».
Las sociedades laborales, en cambio, han sufrido una caída tanto en el número de entidades (que han descendido un 28,3% de 2013 a 2019) como de trabajadores (con un retroceso del 5,7% en seis años). «Había un peso muy importante de esta fórmula cuando estalló la crisis en el sector de la construcción y eso lo puede explicar. También el marco legal, que crea más problemas que soluciones», señala Monzón.
Entre el último trimestre de 2007 y el último de 2012 la destrucción de empleo en economía social fue siete puntos y medio menor que en el resto de sectores
En Europa, solo cuatro países (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) superan a España en cuanto a empleo remunerado en la economía social, según el informe «Evolución reciente de la economía social en la Unión Europea», editado en 2017 por Ciriec Internacional con datos referidos al 2015. En aquel año este modelo empresarial generó en España 1.358.401 empleos directos frente a los 2.635.980 de Alemania, líder de la clasificación.
Eso sí, si se contabilizan también los empleos indirectos, la cifra se dispara hasta los 2.177.256 puestos de trabajo en 2018, según datos de Cepes. Monzón destaca que es un «empleo relevante» y defiende que la economía social está avanzada en nuestro país (solo Bélgica, Grecia, Portugal, Francia y Rumanía han aprobado leyes específicas) donde, además, «la investigación universitaria es potente en esta materia».
Reconocimiento institucional
Su papel como motor de una economía que aúne la dimensión social y financiera es cada vez más reconocido a nivel institucional. Sin ir más lejos, uno de los primeros anuncios de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea fue la constitución de un Plan de Acción Europeo para la Economía Social. En España, destaca la reciente
creación del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que servirá para visibilizar este modelo empresarial.
«Es en el ámbito del emprendimiento donde hay que incidir, para dar a conocer los valores de estas entidades y su contribución a una actividad económica sostenible e inclusiva y, a la vez, mostrar la existencia de empresas en todos los sectores económicos, para que no se vincule a actividades centradas en servicios sociales o educativos, o al sector agrario. Ese desconocimiento suele derivar en decantarse por opciones más conocidas como la Sociedad Anónima o la Sociedad Limitada», explica Rosa Belén Castro Núñez, profesora de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos.
«El desconocimiento suele derivar en decantarse por opciones más conocidas como la Sociedad Anónima o la Sociedad Limitada»
Lo cierto es que para determinados perfiles profesionales, los modelos de la economía social pueden ser una tabla de salvación. Estas empresas incorporan en mucha mayor medida que la economía mercantil colectivos de trabajadores con dificultades específicas de acceso al empleo, como mayores de 55 años o personas con discapacidad, según revela el estudio «Análisis del Impacto socioeconómico de los valores y principios de la Economía Social en España», presentado en 2019 y cofinanciado por Cepes, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Cajamar, Mondragón y Fundación Espriu.
«De media, los trabajadores tienen una mayor estabilidad en el empleo. Hay más mujeres y personas con discapacidad en los puestos de dirección que en las empresas mercantiles. Además, la brecha salarial de género es menor», apunta Maribel Martínez, directora de Abay Analistas, consultora independiente responsable de la elaboración del informe.
Esta experta recuerda que la economía social aporta a la sociedad unos beneficios netos totales (directos e indirectos) de 6.229 millones de euros anuales, entendiendo por beneficios directos las rentas que van a distintos actores por la existencia de los principios sociales en las compañías y por indirectos el gasto que no se ejecuta porque esas personas están ocupadas.
«De media, los trabajadores de empresas de economía social tienen una mayor estabilidad en el empleo»
Otra de las características diferenciadoras de estas entidades es que apenas deslocalizan y, por consiguiente, ayudan a fijar población en entornos rurales vulnerables a la fuga de residentes. De hecho, el 60,2% de las entidades de economía social y el 54,6% de sus trabajadores se ubican en municipios de menos de 40.000 habitantes, según se desprende del mencionado informe.
En la carrera para fomentar más la economía social en nuestro país, la patronal Cepes pide la formación de una Comisión Interministerial. «Pedro Sánchez me trasladó su compromiso de crearla si era presidente y lo recogió en el programa de Gobierno del PSOE», asegura Pedreño, que también menciona la conveniencia de acometer una reforma fiscal en profundidad para las cooperativas. «La Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas establecía ciertos caracteres diferenciales sobre el resto de las empresas mercantiles, pero 30 años después se ha quedado obsoleta», subraya.
Monzón, por su parte, defiende que habría que avanzar en las ayudas para la modernización de las estructuras empresariales y los apoyos a la innovación para que estas empresas contribuyan a aumentar la eficiencia general del sistema y la equidad, los dos puntos de referencia –sostiene– para delimitar si una política económica es buena o no.
Los trabajadores de Salcedo Mueble, en una visita de miembros del Gobierno navarro«El objetivo era salvar nuestro puesto de trabajo»
El estallido de la crisis fue un duro revés para Muebles Salcedo, empresa familiar nacida en 1924 en Torrecilla de Cameros (La Rioja). Con la burbuja inmobiliaria, la actividad de la compañía –fabricación, comercialización y distribución de muebles del hogar– se resintió y en diciembre de 2009 entró en concurso voluntario de acreedores.
El cierre de la empresa, que en 1969 trasladó su sede a la localidad navarra de Viana, suponía dejar en la calle a más de 130 empleados. La edad media de la plantilla era de 52 años y la mayoría llevaba toda su vida trabajando en la compañía, sin más formación que la adquirida por la propia experiencia, con lo que veían complicado su acceso al mercado laboral. Los empleados no se dieron por vencidos y se hicieron cargo del negocio. En 2012, la empresa, constituida inicialmente en sociedad anónima, se reconvirtió en una cooperativa, integrada por 49 socios y tres trabajadores no socios, que capitalizaron su prestación por desempleo para mirar al futuro sin miedo. «Cuando nos metimos en esta aventura, nuestro objetivo no era ser empresarios, sino salvar nuestro puesto de trabajo», destaca José María Martínez, director general. «Si no hubiera sido por una figura empresarial de economía social no hubiéramos podido adquirir esa unidad productiva», insiste.
«El hecho de ser cooperativa presenta ventajas en la gestión del día a día porque al final los socios trabajamos para nosotros mismos. Tienes otra motivación y te da beneficios en una mayor flexibilidad en la jornada de trabajo o en los calendarios laborales. Una sociedad anónima está más encorsetada», asegura Martínez.
La firma española ha conseguido sobreponerse a las dificultades del pasado. Su equipo está formado por 70 trabajadores, 59 de los cuales son socios de la cooperativa. «Al ser una empresa de carácter social, damos mucha importancia a las condiciones laborales, estamos promoviendo prejubilaciones aunque conlleve un coste para la empresa», comenta Martínez. En 2018 facturaron algo más de siete millones de euros, un 20% procedente de la exportación (distribuyen a Francia, Portugal, Bélgica, Grecia, Malta y Reino Unido) y el objetivo principal a tres años vista es aumentar ese porcentaje hasta un 35% para tener menos dependencia del mercado nacional.
«Dependemos de nosotros mismos»
La empresa Colchón Comodón, fundada en 1985, llegó a tener una plantilla de más de 150 trabajadores. Ubicada en Mula, un municipio murciano de 16.883 habitantes, la compañía sufrió un descenso de los beneficios a raíz de la crisis, devastadora para tantos y tantos negocios de España que hasta entonces solo habían conocido el éxito. En julio de 2012 echó la persiana y en noviembre solicitó su entrada en concurso de acreedores. 17 antiguos empleados se unieron para constituir una sociedad cooperativa de trabajo asociado. José Ruiz, actual presidente de la cooperativa, era el más joven del equipo inicial y toda su experiencia había estado vinculada a la empresa de colchones. «Empezamos a fabricar bajo la marca de Mula Confort porque la firma original no pudimos comprarla», lamenta.
La compañía opera a nivel nacional y en 2018 tuvo una facturación de 800.000 euros. El número de socios, eso sí, ha disminuido hasta los 11. Cuando se cumplen casi seis años desde la creación de la cooperativa, Ruiz está orgulloso de la determinación que tomaron en su momento. «Tenemos un puesto de trabajo del que podemos vivir, dependemos de nosotros mismos y hacemos lo que nos gusta», concluye. Sobre las ventajas que aporta esta fórmula societaria, Ruiz lo tiene claro: «Trabajas para ti, da igual el esfuerzo que hagas o las horas que eches, pero finalmente sabes que es tuyo». Menciona, además, todos los conocimientos adquiridos. «Te cambia la manera de pensar. Ahora entiendo tanto la parte más empresarial como la de los trabajadores».
Impulso a la España rural
Junto con las entidades que surgieron de la reconversión de sociedades mercantiles, están las que desde sus orígenes pertenecen a la economía social. Es el caso de la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (Covap), que cumple 61 años. «Siempre hemos tenido un verdadero compromiso social más allá de los intereses meramente económicos», dicen desde la empresa. Y cuentan que es una de las cooperativas andaluzas con mayor número de mujeres en sus órganos de decisión y puestos directivos. De hecho, fue una de las que suscribió el convenio del Ministerio de Igualdad «Más mujeres, mejores empresas».
Desde Covap inciden en que «las cooperativas agrarias contribuyen al desarrollo de la comunidad donde se hallan, en lo económico, en lo social y en lo cultural, favoreciendo su sostenibilidad en todas esas vertientes, e incluso en la medioambiental». La firma factura 470 millones de euros. Cuenta con 4.500 socios ganaderos y casi 900 puestos de trabajo directos y miles de indirectos creados por sus proveedores de servicios y por nuestros socios.
En Covirán, cooperativa nacional de distribución de productos de gran consumo, resaltan también que estas empresas son «dinamizadoras de los territorios donde se implantan y, en nuestro caso, verdaderos motores generadores de empleo en muchos casos en zonas rurales que adolecen de inversión y de tejido empresarial». La compañía cuenta a día de hoy con 2.467 cocios, el 49% mujeres.