Varapalo a la ingeniería social del PSOE

Cuando la izquierda llega al poder mantiene intacta su directriz de aprovecharlo para intervenir en la sociedad e implantar un modelo de relaciones internas y con el poder que favorezca sus obsesiones ideológicas. Es muy consciente de que los cambios impuestos a una sociedad a golpe de decreto o de mayoría se consolidan aunque sea a costa de generar un modelo de valores fragmentarios, falsamente «progresistas» y materialmente regresivos. El Gobierno de Sánchez no iba a ser una excepción en la acreditada experiencia socialista de ingeniería social. Normalmente, el lenguaje que disfraza este intervencionismo ético siempre apela a causas nobles como la igualdad, la tolerancia, la diversidad. El problema es la ambición ideológica que subyace a ese discurso meloso y falso. La propuesta de cambiar el texto de la Constitución a fórmulas «inclusivas» responde a ese patrón izquierdista de aleccionar a las sociedades con su pretendida superioridad moral. La Real Academia Española ha rechazado semejante disparate con un informe exhaustivo que viene a dejar en ridículo la pretensión de la vicepresidenta Calvo. Lo más inquietante es la reacción de esta, que en vez de abandonar la sandez reaccionó al varapalo afirmando que «el lenguaje inclusivo no hay quien lo pare». Esta es la clave del asunto, que no se admite el error y se trata de imponer lo que no es ni científico, ni cabal ni lógico, sino fruto del sectarismo.


Este es un ejemplo de cómo la izquierda ha sustituido la igualdad por la identidad, poniendo en riesgo el concepto mismo de ciudadanía, que solo es posible cuando todos los habitantes de un mismo Estado son titulares de los mismos derechos y obligaciones. La política de identidades sexuales, raciales o étnicas es una aportación tóxica de la izquierda al desarrollo de la democracia parlamentaria, porque dispersa la condición política de ciudadano en un abanico de sentimientos y emociones convertidos en derechos subjetivos y obligaciones públicas de difícil satisfacción. La polémica sobre el llamado «pin parental» -cortina de humo lanzada por el Gobierno para que pase de largo el escándalo de la toma del control de la Fiscalía- ha llevado a sus extremos una lucha entre intervencionismo estatalista y libertad individual que es consecuencia del afán totalitario de la izquierda. La izquierda se empeña en imponer una «ética militante» a golpe de amenazas legales y judiciales, pues para este sector ideológico el buen ciudadano no es el que se adhiere a los valores de la unidad nacional, el que respeta su bandera y sus símbolos, el que se identifica con la democracia liberal o la Corona, sino el que acepta las presuntas «bondades» de la ideología de género, del aborto o de la eutanasia, como si fueran dogmas inatacables de la «iglesia del progresismo universal». Y a esto hay millones de españoles dispuestos a oponerse.