Fue la pasada semana cuando la ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguró ante los inversores extranjeros que España «está esquivando la desaceleración mejor que otros países», mensaje de moderación y de reconocimiento del riesgo que contrasta con la irresponsabilidad con que solo unos meses antes había tratado de enmascarar el alcance del enfriamiento económico, quizá más riguroso en el resto de la Eurozona, pero notable en España desde que en 2016 se invirtió la curva de crecimiento. De nuevo corregidas a la baja, las previsiones publicadas ayer por el Fondo Monetario Internacional apuntan a que el PIB frenará su incremento hasta el 1,6 por ciento en los próximos dos ejercicios, cifra con la que vuelve a reducirse la distancia que España venía manteniendo con las grandes economías de la UE para ponerse prácticamente a la par. Sin reformas estructurales y con la amenaza de una contrarreforma de carácter puramente ideológico, España deja de ser el país que mejor capea el temporal de la desaceleración. La desconfianza lastra el consumo interno, cuya caída contribuye, junto al descenso de las importaciones que se deriva del enfriamiento global, a este frenazo.
El 1,6 previsto por el FMI representa una clara desautorización al Gobierno de Pedro Sánchez, cuyas cuentas partían de un escenario más favorable para sus proyectos de progreso y dispendio. Los «martes sociales» del Ejecutivo no cuadran con el ajuste al que obliga este nuevo cuadro macroeconómico, y menos aún con los efectos que esta desaceleración va a tener en el mercado laboral, incapaz de crear empleo por debajo de un crecimiento del 2 por ciento. Menos cotizaciones, más paro y más subsidios no son los mejores ingredientes para embarcarse en una política de despilfarro y demolición de las reformas.
