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El CGPJ archiva la bronca entre un juez del Supremo y Díez-Picazo al no ver «desconsideración» a un superior

Abc.es 
El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha archivado el expediente abierto al magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Javier Borrego, tras constatar que no tuvo voluntad de «menospreciar» al presidente de esa Sala Tercera, Luis María Díez-Pizazo.El supuesto encontronazo entre ambos en el despacho del presidente motivó, el pasado junio, la apertura de una investigación a Borrego por desconsideración a un superior, una falta que se sumaba a la de un retraso injustificado en la resolución de los asuntos que tenía atribuidos en la sección en la que aterrizó de forma efectiva el 3 de enero de este año. Borrego, exjuez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y abogado del Estado jefe en el Tribunal de Cuentas, había tomado posesión como magistrado de la Sala Tercera del Supremo un mes antes.


Tras cinco meses de investigación, y con el informe del fiscal favorable al archivo, el CGPJ entiende ahora que no cabe imponerle sanción disciplinaria alguna. «No resulta jurídicamente procedente la imputación de responsabilidades disciplinarias con base en datos no acreditados debidamente», señala el promotor en la resolución de archivo a la que ha tenido acceso ABC.


Dificultades de adaptación
Sobre el retraso injustificado, el escrito se hace eco de las dificultades de adaptación de Borrego a su nuevo destino, en el que pocas semanas después de que le fuera asignada su primera ponencia, se le ofreció un letrado del gabinete técnico para que le ayudara a sacar adelante las resoluciones pendientes. Esta medida vino acompañada de otras posteriores, como suspenderle la asignación de ponencias para no agrandar el embudo o dejar sin efecto los señalamientos que el magistrado tenía asignados.




El presidente de su sección, José Manuel Sieira, reconoció, por escrito y ante el promotor, los problemas de adaptación al Alto Tribunal de cualquier magistrado procedente del turno de juristas, pero lo que llevó a incoar estas diligencias es que los propios compañeros del juez pusieron de manifiesto «una defectuosa, insuficiente o ausencia total dación de cuenta al momento de deliberar», proyectos de sentencia «insuficientes» y una participación «manifiestamente escasa» en la deliberación de los asuntos. Borrego justificó ante el promotor su escasa participación en las deliberaciones en la «prudencia y cortesía» que a su juicio, deben imperar en una persona que se incopora a un colectivo en el que no conoce a sus compañeros ni su forma de trabajar.


El retraso acumulado por el magistrado se fue reconduciendo con el paso de las semanas, hasta el punto de que, como reconoce el promotor, ya antes del verano hubo un «cambio muy relevante y significativo» en la actuación del juez, que ya está al día en los asuntos de su Sala. No cabe imponerle, por tanto, ninguna sanción.


Encontronazo en el despacho
Respecto a la posible falta de respeto a un superior, que según Díez- Picazo se produjo en su despacho cuando informó a Borrego de que iba a dar cuenta de su retraso injustificado al presidente del Tribunal (Carlos Lesmes), el promotor señala que «no se aprecia en lo actuado con el rigor que se considera preciso (...) que el expedientado tuviese voluntad, consciente o deliberada, de faltar al respeto a un superior jerárquico». El escrito reproduce el encuentro en el que supuestamente Borrego zarandeó a Díez-Picazo y concluye que no existió ninguna agresión física.



Tras mantener una conversación «en términos e absoluta corrección» que duró unos quince minutos, señala el escrito, Díez- Picazo comunicó a Borrego que «iba a dar cuenta de lo acaecido al presidente del Tribunal Supremo». En ese momento, le abrió la puerta para que saliera de su despacho y Borrego la intentó cerrar en varias ocasiones «para evitar que la conversación finalizara de esta manera». Este gesto no se produjo en «términos deliberadamente ofensivos de desconsideración o de enfrentamiento físico sancionables, sino de ofuscación, desagrado y firme deseo de continuar manteniendo una conversación».


A juicio del promotor, hay que entender el contexto en el que tuvo lugar ese encuentro: el expedientado «estaba inmerso en una objetiva y notoria situación crítica, pues, pese a las medidas adoptadas para conseguir que su incorporación a la Sala dejase de afectar al normal funcionamiento de su sección (...) los resultados eran desalentadores».

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