El Gobierno foral, sobre la objeción al programa Skolae: “No lo podemos permitir de ninguna manera”
Según un informe del Defensor del Pueblo de Navarra al que ha tenido acceso ABC, así respondió el departamento de Educación a un colegio de Pamplona ante la solicitud de un padre a que se le facilitara el horario en que su hijo iba a recibir el polémico programa coeducativo criticado por numerosos padres navarros por considerarlo un “adoctrinamiento en la ideología de género”.
Ante tal respuesta, el padre dirigió un escrito ante el Defensor del Pueblo de Navarra. Éste estima que “ha de considerarse antijurídica la respuesta dada por el Departamento de Educación”. Según la institución navarra, “la negativa a dispensar información a los padres no puede fundarse en el temor o sospecha del órgano administrativo de que aquellos actuarán de un modo que, siempre a juicio del propio órgano, no es procedente”.
Derecho constitucional
El Defensor del Pueblo apunta a que “no se observa fundamento legal” que impida proporcionar la información solicitada a unos padres. Es más, apunta a que se trataría de un derecho amparado por la mismísima Constitución Española. Concretamente por el artículo 27.3, que afirma que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Incluso alude a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 26.3 afirma que “los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá que darse a sus hijos”.
El artículo de la Constitución también es utilizado por numerosos padres y madres para rechazar la
imposición del programa Skolae
. De hecho, en los tribunales se encuentra una demanda que se ampara en la Carta Magna. No obstante, el Defensor del Pueblo, a pesar de ser consciente de la judicialización del caso, no entra a juzgar la posible inconstitucionalidad de la obligación de recibir el programa porque “no corresponde en este informe responder”.
El Defensor del Pueblo considera que el Gobierno de Navarra incumpliría también la propia legislación foral, tanto la ley foral 15/2004 de funcionamiento de la Administración Foral como la ley foral 5/2018 de Transparencia que aprobó el propio cuatripartito que ahora niega dar la información.