La Comunidad de Madrid da un paso al lado en el conflicto de las VTC y deja en manos de los ayuntamientos, como el de Manuela Carmena, el reto de limitar y regular su actividad. El Gobierno de Ángel Garrido sigue así la senda marcada por la Generalitat de Cataluña y se ha negado a aprobar medidas concretas que frenen la actividad de los coches de Uber y Cabify, como la fijación de un plazo determinado entre la contratación del servicio y la prestación efectiva del mismo o de la limitaciones a su actividad. Consulte el borrador aquí.
