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Poderes públicos ajustan sus salarios a la baja

A partir de este mes, el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo Maza, cobra un salario neto de 107 mil 500 pesos mensuales, lo cual representó un decremento de 8.5 por ciento en comparación con lo que recibía en 2018 y lo colocó en el rango más bajo de los últimos tres sexenios.

Como lo anunció el año pasado, el mandatario estatal ajustó sus ingresos y los de su gabinete para que nadie gane más que el presidente de la República, lo cual le representará, a partir de este mes, y de 62 mil 500 pesos con lo que percibió en su momento Arturo Montiel Rojas como gobernador, entre 1999 y 2005.

Históricamente hasta el sexenio de Arturo Montiel Rojas el ingreso neto del Ejecutivo estuvo subiendo y llegó hasta los 170 mil pesos. 

En el sexenio de Enrique Peña Nieto se dio una reducción y se congelaron los montos por exigencia de los diputados de oposición, y con Eruviel Ávila Villegas fueron bajando los montos que en 2014 fueron de 133 mil 189 y terminaron en 117 mil 528 pesos.

Alfredo del Mazo recibió la administración con ese monto que mantuvo durante el 2018, de acuerdo a lo expuesto en la página de transparencia fiscal de la Secretaría de Finanzas de la entidad, pero para este 2019 se ajustó a 107 mil 500 pesos.

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Paquete Fiscal 2019

El paquete fiscal contempla que los tres poderes y los organismos autónomos, previo análisis de viabilidad, podrán llevar a cabo el reordenamiento de las funciones que realizan sus diferentes unidades administrativas, organismos y, o dependencias, con la finalidad de que se elimine la duplicidad de acciones, así como aquellas que no sean consideradas de estricta necesidad. 

Esto implica la modificación de la estructura orgánica a los niveles que se consideren pertinentes, sin provocar variaciones en los gastos destinados a servicios personales autorizados este año para las diferentes áreas.

Contraloría sancionará el despilfarro

El incumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria serán causa de responsabilidad que sancionará la Secretaría de la Contraloría

en todo el sector central, donde no se podrá erogar de manera distinta el presupuesto aprobado para este ejercicio fiscal.

Luego de la distribución que hizo el Poder Legislativo, el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, es el único que puede autorizar la reconducción de recursos, erogaciones adicionales a las dependencias, entidades públicas, los organismos autónomos, así como los Poderes Legislativo y Judicial.

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¿Cómo se aprietan el cinturón?


La Legislatura pidió a todos adoptar medidas de austeridad, incluyendo a los tres poderes, órganos y municipios, para que implementen medidas de austeridad en 2019, donde consideren la reducción de al menos 30 por ciento del parque vehicular, ajustes administrativos y la cancelación de líneas celulares a quien no tenga funciones de seguridad o protección civil.

En el exhorto pidieron no pagar ni un aparato, incluyendo a secretarios y al gobernador; sólo mantener las líneas telefónicas de los servidores que desempeñen tareas de seguridad pública, protección civil, auditores e inspectores de obra pública y otras que justifiquen ser indispensable para la labor que realizan.

Bajo esta línea las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria para este 2019 contemplan:


1. Gastos menores, de ceremonial y de orden social, comisiones de personal al extranjero, congresos, convenciones, ferias, festivales, exposiciones y presentaciones con gráficos y audiovisuales, e impresos y publicaciones oficiales.
2. Tampoco pueden hacer contratación de asesorías, estudios e investigaciones de personas físicas y de personas jurídicas colectivas, por conceptos de servicios generales.
3. No se tiene contemplado adquirir mobiliario, equipo de oficina, equipos de comunicaciones y telecomunicaciones y vehículos terrestres y aéreos, salvo para seguridad pública, procuración de justicia, salud y educación.
4. Inviable rentar nuevos inmuebles para oficinas públicas; sólo los estrictamente indispensables; se debe privilegiar la recuperación de espacios ociosos o subutilizados.
5. Las dependencias y entidades públicas deberán elaborar un programa de ahorro anual para disminuir los gastos por concepto de: combustibles, lubricantes, energía eléctrica, agua potable, telefonía, materiales de impresión, papelería, artículos de oficina y servicio de fotocopiado.
6. No se pueden hacer gastos en publicidad de manera directa.
7. Se debe promover el uso de medios electrónicos como redes sociales, entre otros, para la difusión de programas o acciones gubernamentales.
8. Las publicaciones oficiales requerirán siempre de la autorización del Comité Editorial de la Administración Pública Estatal.
9. No es posible reestructurar plazas que eleven su costo, ni se crean nuevas.
10. Se deben aplicar los tabuladores salariales, sin bonos, gratificaciones, estímulos extraordinarios o premios si no hay suficiencia presupuestal.

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ACTORES DE LA AUSTERIDAD:


El rector de la UAEM: Alfredo Barrera Baca

Anunció que ajustarán el salario de 14 secretarios y 50 directores para que nadie gane más que el presidente; reducirán el parque vehicular, el pago personal de telefonía y combustible; disminuir y eliminar gastos de representación, dejar fuera los regalos institucionales y privilegiar la correspondencia digital.

El presidente del Poder Judicial: Sergio Medina Peñaloza

Señaló que analizan la posibilidad de reducir sus ingresos, igual que lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un 25 por ciento, para quedar abajo del presidente de la República. Esto significaría que los magistrados de mayor nivel ganarían 108 mil pesos, en lugar de 144 mil, como ocurre actualmente.

El presidente del Poder Legislativo: Maurilio Hernández González

Pidió que sin mandato legal todo el sector público ajustará sus ingresos a la baja en los mandos altos, y al alza en los mandos altos. Además de eliminar gastos extraordinarios sin justificante como el Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC).

El Consejo de Valoración Salarial:

Recomendó a los funcionarios estatales, magistrados y diputados locales que sus ingresos brutos máximos de entre los 111 mil y 150 mil pesos, que representarían un pago mensual neto de 108 mil pesos para el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo Maza.

LC




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