Lo que el Gobierno deja en Catalunya: anuncios simbólicos y 112 millones en carreteras
Más símbolos que números. Ese es el resumen del paquete de medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado específicamente para Catalunya este viernes, en un Consejo de Ministros celebrado en Barcelona que ha tratado de seducir a los catalanes con dos reconocimientos a los expresidents Josep Tarradellas y Lluís Companys, pero que en el capítulo de las inversiones se han quedado en 112 millones de euros para mejoras de las carreteras catalanas.
El anuncio de que el Gobierno cambiaba el nombre del aeropuerto Barcelona - El Prat, al que se le añadirá el nombre de Tarradellas, ha molestado en la Generalitat, que había reclamado que no se hiciera de forma "unilateral". El Gobierno también ha tenido un gesto con otro de los presidents históricos, Lluís Companys, aunque ha este no le ha caído ningún aeropuerto sino una declaración de reparación y una condena a su fusilamiento en 1940. Para anular su juicio, ha recordado la ministra Meritxell Batet, hace falta una modificación legal que ya está en trámite en el Congreso.
A partir de aquí, los guiños del gobierno a los catalanes se han centrado en las medidas sociales generales. Entre ellas, la estrella es la subida del salario mínimo, de importantes efectos para los trabajadores de rentas bajas tanto en Catalunya como en el resto de España. Como contrapartida, Sánchez ha preferido no hacer extensa la lista de inversiones en la comunidad, aprobando únicamente un paquete de contratos de conservación y explotación de carreteras en Catalunya por valor de 112 millones de euros.
La cifra de inversión suena a poca cosa si se compara con el déficit de inversión en Cercanías de Renfe, que suman miles de millones, o con las necesidades portuarias y aeroportuarias en las que la Generalitat insiste en cada reunión bilateral. De hecho, pese las primeras especulaciones, el Govern fue consciente de que Sánchez no tenía previsto utilizar su viaje a Barcelona para firmar ningún compromiso en inversión en cuanto vio el orden del día del Consejo de este viernes, que dejaba más millones en Canarias que en Catalunya.
Tampoco la cuestión competencial entre el Estado y la Generalitat ha sido uno de los temas tocados en la reunión que ha tenido lugar en la Llotja de Barcelona. Pese a que Meritxell Batet ha sido una de las ministras protagonistas tanto de los preparativos como, después, de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, no se ha anunciado ningún traspaso ni tampoco ningún acuerdo para retirar recursos de leyes autonómicas al Constitucional. Materia, esta última, en la que se ha avanzado poco a poco en los últimos meses pero de la que, a diferencia del soberanismo, el Gobierno de Sánchez no ha querido convertirla en bandera del entendimiento.
Más allá de si el paquete de medidas contenta en mayor o menor medida a los ciudadanos catalanes, la misión del Ejecutivo central era mostrar una Catalunya normalizada o, al menos en vías de normalización. Tarea conseguida por la parte de los entendimientos con el Govern y, de paso, con el Ayuntamiento de Barcelona, pero no tanto por la foto que ha dejado la celebración de este Consejo de Ministros.
La decisión de Sánchez de reunir a su Gabinete en Barcelona y la respuesta independentista, en forma de manifestaciones convocadas en su contra, han supuesto un despliegue policial inédito para una reunión gubernamental, y un dispositivo que ha dejado el corazón de la capital catalana cerrado desde la madrugada de este viernes hasta, al menos, la tarde. Y todo ello pese a que, contra los pronósticos inflamados durante hace semanas, las protestas han tenido mucha menos incidencia de la esperada en el desarrollo de las reuniones del jueves y el Consejo de Ministros del viernes.