El dispendio sindical con los fondos de la formación: Cestas navideñas y yeguas «alemanas» para el Rocío
La reforma de 2015 llegó tras un rosario de escándalos que dejaron fuera de juego al sindicato socialista después de que las supuestas irregularidades en el uso de las subvenciones recibidas hicieran caer a dos secretarios generales andaluces, Manuel Pastrana y Francisco Fernández, además de haber puesto contra las cuerdas a la UGT, entonces dirigida por Cándido Méndez. La patronal madrileña CEIM, entonces controlada por Arturo Fernández, tampoco se libró de salir retratada por irregularidades.
La UDEF reveló en 2014 que al calor de las ayudas millonarias y aprovechando la falta de control surgió una red de empresas «caza subvenciones». Había cursos que no se realizaban, alumnos falsos e incumplimiento generalizado de los compromisos de contratación. Desde 2013 estaba el foco sobre UGT en Andalucía por el supuesto desvío de subvenciones. El «caso Edu» arrancó en Málaga, pero tuvo ramificaciones en todas las provincias. Se centró en empresas que recibieron ayudas con compromiso de contratación de alumnos participantes en los cursos. La UDEF descubrió que gran parte de los fondos públicos repartidos por la Junta fueron a parar a empresas dedicadas a la «caza de subvenciones», con «falta de solvencia y experiencia».
Entre otras irregularidades, la Policía fiscal aludía al incumplimiento generalizado del compromiso de contratación. La juez Mercedes Alaya llegó a imputar a tres exconsejeros de Empleo: Antonio Fernández, Antonio Ávila y Manuel Recio, ya implicados en la causa de los ERE falsos.
Ayudas dirigidas a instruir a jóvenes con el objetivo de sacarlos del pozo del paro acabaron costeando el reparto de cestas de Navidad, desayunos en cabalgatas de Reyes Magos e incluso el traslado de una yegua desde la localidad alemana de Vechta hasta la aldea de El Rocío, en Huelva.
En Madrid la Policía detuvo en 2014 a Alfonso Tezanos, entonces vocal en la directiva de la patronal CEIM, por la supuesta estafa de los cursos de formación. También al empresario cordobés José Luis Aneri y al prestamista Antonio Arroyo acusados de crear un entramado de empresas para captar de forma dolosa subvenciones públicas. Aneri solicitaba las ayudas en nombre de distintas organizaciones empresariales y multiplicaba el número de alumnos para conseguir más dinero. Pero los cursos no siempre se hacían.