Educación: el balance
En el Pacto por México (2012), acuerdo político, económico y social “para impulsar un crecimiento económico” en la sociedad mexicana, firmado por las tres fuerzas políticas mayoritarias (PRI, PAN y PRD) se estableció como una de las tres prioridades de iniciativas de reforma, la educativa. Considerada bajo la intención de una “educación de calidad y con equidad”, la reforma en materia educativa contempló los siguiente: Generar un Sistema de Información y Gestión único; consolidar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa: la Autonomía de Gestión de las Escuelas; continuar con el Programa de Escuelas de Tiempo Completo; dotar de Computadoras portátiles con conectividad; el Servicio Profesional Docente; fortalecer la educación inicial de los Maestros; incrementar la cobertura en educación media superior y superior; e implementar el Programa Nacional de Becas. Es pertinente resaltar que la mayoría de estas líneas de acción estuvieron asociadas a la aprobación de la Reforma Hacendaria de 2013.
Posterior al Pacto por México, a diez días de iniciado el gobierno peñista, el Titular del Ejecutivo presentó la iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estrados Unidos Mexicanos, en materia educativa. Básicamente la iniciativa presentaba reformar el Artículo Tercero y el Artículo 73. Se elevó a nivel constitucional entonces, el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio educativo. Y como instrumento regulador de estos procesos el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), a quien se le otorgó autonomía. Como se puede advertir, la iniciativa peñista en materia educativa dejo en el olvido el asunto de la formación inicial y permanente de los maestros.
En un hecho sin precedentes y con un apresuramiento legislativo sinigual, la Reforma en materia educativa fue aprobada en el Congreso de la Unión en febrero de 2013 y ratificada en los Congresos Locales en los dos meses siguientes. En este proceso político-legislativo, que culminó en septiembre de 2013 con la aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), el poder legislativo (con mayoría priísta) y el Ejecutivo Federal mostraron oídos sordos a los reclamos y rechazo de los maestros a esta reforma que a todas luces vulneraba sustancialmente su condición laboral. Evidentemente para concretar este proceso, el Ejecutivo Federal contó con la complicidad y complacencia de la dirigencia nacional y dirigencias estatales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con las honrosas excepciones de los estados donde comanda la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), además de la iniciativa privada y de los medios de comunicación masivo, que orquestaron una campaña de desprestigio hacia los maestros que se oponían a la reforma. El daño fue irreversible, en la sociedad se configuró una imagen del maestro como una persona irresponsable, intolerante y que además, se oponía a que lo evaluaran. Este fue el contexto y las bases sobre las que el gobierno peñista planteaba “su reforma educativa”, una reforma que en opinión y argumentos de especialistas, partidos de oposición, juristas, gran parte de la sociedad y sobre todo, de los maestros, su esencia era administrativa y laboral.
El punto de mayor conflicto, que no permitió que la reforma peñista en materia educativa aterrizará con tranquilidad, fue sin lugar a dudas la evaluación de ingreso, permanencia y promoción. La cultura arraigada en las entidades federativas referente al otorgamiento de plazas con base en lealtades sindicales, prevaleció (y prevalece) aun cuando se desarrollaron concursos de oposición para ingreso. Las plazas no se otorgan a quien obtiene los mejores puntajes, sino a quien ha mostrado mejor lealtad sindical. Y qué decir del proceso mismo de concurso de oposición. Un proceso supeditado a los resultados de un examen escrito sin considerar de manera integral otro tipo de elementos, particularmente los referidos al saber-hacer y ser. Las mismas prácticas de lealtad sindical y de complicidad sindical-oficial son los que prevalecieron en los procesos de promoción a puestos directivos y de supervisión. Los testimonios sobre lo vivido en estos procesos se cuentan por miles en las redes sociales.
Por otra parte, la evaluación de desempeño, fue la cereza del pastel de una reforma laboral y administrativa. Con procesos y prácticas extremadamente irregulares en cuestión administrativa (notificaciones extemporáneas, notificaciones no personalizadas, omisión de notificaciones, autoridades educativas coludidas, militarización de la aplicación, acuartelamiento de docentes evaluados, etc.) la evaluación de desempeño expresó sus consecuencias en despidos injustificados a maestros, jubilación masiva y otorgamiento de plazas a leales a las dirigencias sindicales, así como un profundo malestar docente en dos sentidos, en el anímico y en el de salud.
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