La Fiscalía del TS pide al archivo del máster de Casado: «La juez no aporta indicios consistentes ni sólidos»
La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto a que el Alto Tribunal investigue al presidente del PP, Pablo Casado, por el máster de la Universidad Rey Juan Carlos realizado durante el curso 2008/2009. Según ha podido saber ABC, en un informe remitido a la Sala de Admisión, el Ministerio Público no ve indicios de delito en el dirigente popular y rechaza por tanto la exposición razonada que remitió la juez de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel.
Los fiscales consideran que los indicios en los que se basa la juez de Madrid «no son lo suficientemente consistentes, sino todo lo contrario, ni aportan un nivel suficiente de solidez que permita aconsejar la apertura de un procedimiento». Si se abriera una causa, sostiene, sería meramente «prospectiva», al «no existir indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal por parte del aforado, ni haber quedado acreditado de forma alguna, ni siquiera indiciaria, que existiera concierto de Casado con cualquiera de los demás investigados».
El pasado mes de agosto, la instructora había puesto los hechos en conocimiento del TS al considerar que Pablo Casado podría haber incurrido en los delitos de prevaricación administrativa y cohecho. Este último de forma individual estaría prescrito pero la juez ve un concurso medial con el de prevaricación, por lo el prescipción corresponde al más grave (prevaricación).
En su escrito ante el Supremo, la juez que mantiene imputados, entre otros, al director de ese máster de Derecho autonómico y local Enrique Álvarez Conde, sostenía que el catedrático «dirigió una serie de actuaciones tendentes a lograr que un grupo concreto y escogido de alumnos (entre los que se encontraba Pablo Casado) obtuvieran el título del máster sin efectivamente cursarlo, sin mérito académico alguno, regalándoselo a modo de prebenda o dádiva».
En una interpretación «bastante forzada» de esa supuesta prevaricación administrativa y cohecho, según manifestaron fuentes jurídicas, la juez sostenía que los alumnos facilitaron la comisión del delito con el pago de la matrícula o la solicitud de convalidaciones y que, además, aceptaron el título. Habrían incurrido por tanto en una prevaricación administrativa como cooperadores necesarios, lo que desde el punto de vista técnico-jurídico no es fácil sostener.
De hecho, los fiscales sostienen que la instructora, «a la hora de construir su tesis sobre la supuesta participación del aforado como cooperador necesario en el delito de prevaricación administrativa (...) obvia completamente los requisitos y exigencias que al respecto exige la doctrina de ese Alto Tribunal».