Por pago de laudos, destinarán 70 mdp a delegaciones
El gobierno de la Ciudad de México alista una bolsa de 70 millones de pesos para entregarlos a las delegaciones para el pago de laudos.
Sin especificar para cuántos juicios laborales perdidos alcanzarán los recursos, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, explicó que el objetivo de este presupuesto es.
“Estamos generando de una manera inmediata el tema urgente, tenemos laudos y tenemos asuntos civiles que son inmediatos de pago, es decir, que ya se encuentran en grado de incumplimiento y si no se cumple pudieran generar un desacato”, dijo en entrevista en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.
Detalló que la propuesta de dar estos recursos se les informó a los delegados durante la mesa de trabajo que mantuvieron este lunes.
Explicó que los recursos deben ser aprobados por la Secretaría de Finanzas y la mesa de laudos, primero con una bolsa inicial de 50 millones, que será complementada posteriormente con 20 millones de pesos más.
Comentó que otro de los temas que se trataron con los delegados fue la seguridad y los trabajos de reconstrucción. En el primero mencionó que se acordó compartir la información de todos los operativos que realice Seguridad Pública o Procuraduría y poner especial atención a los delitos ambientales.
“El tema de reconstrucción, se trataron algunos asuntos de apoyo en renta el tema de la carretera Xochimilco-Tulyehualco, vimos continuar con el retiro de cascajo que ese es importante y obviamente algunos casos específicos donde requieren la intervención de la Secretaría de Obras. Se va a convocar a una nueva reunión para ver el tema de resiliencia, que conozcan el estudio de Bain y puedan tener un conocimiento pleno de cómo podemos atender construcciones que pueden representar un riesgo”, puntualizó.
En 2017, el gobierno de la ciudad destinó 697 millones de pesos para el pago de laudos. Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó en noviembre pasado, la destitución del entonces delegado de Venustiano Carranza, Israel Moreno por no acatar el fallo de una demanda laboral que databa desde el año 2000.