El censo de AMLO, ¿doble esfuerzo?
Tanto quiere Andrés Manuel López Obrador cambiar a México, que me parece que terminará complicando todo en su primer año de trabajo.
El fin de semana recién concluido la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que una vez que tomen posesión, los 32 delegados federales harán un censo casa por casa en su entidad correspondiente, para conocer cuántos adultos mayores hay en cada vivienda, cuántas personas con discapacidad, cuántos niños, jóvenes y adultos. Ese censo, dice la futura funcionaria, servirá para saber qué tipo de políticas sociales se aplicarán en los núcleos familiares desde el gobierno federal.
Si entendí bien, entonces los delegados federales adelantarán un año el censo del Inegi programado para 2020, por lo cual se duplicarán los esfuerzos del gobierno federal a manos de un presidente que, dijo, busca evitar los derroches.
Porque si Carlos Lomelí recibe el encargo de hacer un censo vivienda por vivienda en Jalisco, le espera una tarea muy difícil. Y es que en la entidad, por ejemplo, contaba con 2 millones 58 mil viviendas en todo su territorio, según datos de 2005. Imagino que hoy, en 2018, hay aún más casas habitación en Jalisco.
Los delegados federales, entonces, tendrán que contratar a miles de personas o convencer a miles de voluntarios para hacer la labor que pretenden. ¿Cuántos? Para levantar el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, el Inegi mandó a la calle a 100 mil encuestadores a escala nacional. Entonces los delegados federales deberán contratar de manera proporcional. En el caso estatal, con datos de 2005, Jalisco tenía 6 por ciento de la población, lo que significa que hoy unas 6 mil personas deberían trabajar por dos semanas para conseguir la información requerida.
Y aquí regreso a lo dicho anteriormente: ¿Tendría entonces sentido que el Inegi hiciera el censo nacional de 2020?
Me inclino a pensar que la intención de doña Olga Sánchez Cordero es buena, pero representa un doble esfuerzo a un costo muy elevado, pues un censo de esa naturaleza necesita de expertos contratados para hacer los cuestionarios y procesar los datos recibidos, además de la compra o renta de equipo de cómputo, capacitación de encuestadores, papelería (un censo sobre ingreso de los hogares realizado en 2014 implicó un formulario de 91 preguntas), y promoción. Mucho dinero, pues.
¿Por qué no esperar entonces a 2020 para aprovechar el esfuerzo del Inegi y así matar dos pájaros de un tiro? ¿O existe la posibilidad de que el censo anunciado por doña Olga Sánchez no sea más que un ejercicio superficial que sirva como excusa para manejar a conveniencia de AMLO los programas sociales?
manuel.baeza@milenio.com
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