La CNMC no ve objeciones para el cierre de la central de Anllares en León
En su informe emitido a solicitud de la Dirección General de Política Energética y Minas sobre la propuesta de resolución para autorizar el cierre de la central de carbón, la CNMC señala que no tiene observaciones que hacer a la misma.
La Comunidad de Bienes Central Térmica de Anllares, participada en un 66,67 % por Gas Natural Fenosa, ahora Naturgy, y en un 33,33 % por Endesa Generación, presentó el 25 de mayo de 2017 una solicitud de autorización administrativa para el cierre definitivo de la central.
El operador del sistema Red Eléctrica de España (REE) emitió también un informe sobre la viabilidad del cierre de la central Anllares, en el que decía que su clausura desde el 1 de diciembre de 2017 no tendría incidencia ni en la seguridad del sistema ni en la garantía de suministro eléctrico durante los próximos años.
A partir de la resolución de cierre, debería realizarse en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la resolución y su desmantelamiento parcial en el de tres años a partir de la fecha en que el cierre se haga efectivo.
REE, en su informe sobre el impacto del cierre de la central, estima como admisible la reducción del índice de cobertura de la demanda eléctrica que su clausura provocaría a medio plazo, informa Efe.
En cuanto al largo plazo, dice que en todos los escenarios de crecimiento de demanda bajo la hipótesis de la retirada de servicio adicional de 4.000 MW en centrales de carbón a partir del año 2019 y sin considerar la incorporación de nueva generación térmica ni de bombeo, hay margen suficiente para cubrir la demanda punta prevista más una reserva de operación de 2.000 MW hasta el año 2022.
Anllares, con una potencia instalada de 350 megavatios (MW), es una central térmica clásica de carbón que utiliza como combustible hulla y antracita (mezcla de carbón nacional y de importación) y se puso en servicio en noviembre de 1982.
En el proyecto de cierre presentado por la Comunidad de Bienes Central Térmica de Anllares se dice que la instalación no cubre los costes de funcionamiento con los márgenes obtenidos por la venta de electricidad en el mercado, por lo que genera pérdidas de forma recurrente y, por ello, solicita su cierre.
El titular de la instalación deberá presentar ante el Ministerio un proyecto de desmantelamiento, cuya aprobación se solicitará en procedimiento independiente al de la autorización administrativa de cierre e irá acompañado de un documento para su evaluación de impacto ambiental