Cinco jueces estudiarán los recursos contra la sentencia de La Manada
Consciente de la repercusión social que tiene el caso de La Manada, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra trata de estudiar los recursos presentados contra la sentencia de La Manada con las máximas garantías.
De esta manera, los seis recursos presentados serán estudiados por el Pleno de la Sala, es decir, por los cinco magistrados que la componen, según ha decidido esta mañana la Sala de lo Civil y Penal.
Ampliado de 3 a 5
Según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, bastaría con que fueran 3 los magistrados que decidieras sobre los recursos presentados. Sin embargo, tal y como establece la legislación, «podrán ser llamados, para formar Sala, todos los magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el presidente, o la mayoría de aquéllos, lo estime necesario para la administración de justicia». Y «todos los magistrados» son los cinco que decidirán sobre los recursos presentados ante el TSJN.
No obstante, todavía tardarán algunos meses en tomar una decisión definitiva sobre los recursos presentados. No se espera hasta el próximo otoño cuando decidan. Y decidan lo que decidan, todo apunta a que las partes volverán a recurrir, en este caso al Tribunal Supremo, puesto que las dos versiones están muy enfrentadas.
Ninguno de los jueces que juzgaron y sentenciaron los hechos producidos en la primera noche de los Sanfermines 2016 pertenece a la Sala de lo Civil y Penal, por lo que serán cinco jueces ajenos hasta ahora al caso lo que tendrán que valorar los fundamentos en los que las partes del caso, acusaciones y defensas, defienden sus posturas.
Los dos abogados de la defensa de los cinco integrantes de La Manada solicitaron la absolución de los acusados, que en la actualidad se encuentran condenados a 9 años de cárcel por un delito de abuso sexual con el agravante de prevalencia, aunque disfrutan de libertad provisional a la espera de que la sentencia sea firme.
Por el contrario, la Fiscalía, la acusación particular, es decir, los abogados de la joven víctima, y las acusaciones populares, que representan al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona, solicitaron aumentar las penas hasta los 25 años de cárcel porque consideran que lo que se produjo aquel 7 de julio de 2016 en el portal de la calle Paulino Caballero de Pamplona fue una agresión sexual y no un abuso sexual.