El Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm continúa con las diligencias en la causa sobre presuntas irregularidades en la adjudicación a la empresa Opino Media de los polémicos opinómetros que se instalaron en la localidad y que se enmarcan dentro de la supuesta financiación irregular del PSPV y el Bloc de cara a las elecciones de 2007. Un total de 19 dispositivos para medir la opinión ciudadana sobre la gestión municipal que se pusieron en marcha a través del dinero del Plan E de Zapatero durante la época del diputado socialista Agustín Navarro como alcalde –el cual se encuentra imputado– y que costaron cerca de 300.000 euros.
La juez ha citado a declarar este jueves en calidad de investigado a un funcionario del Ayuntamiento que al parecer mantuvo reuniones con la empresa. Para el mismo día ha sido llamado como testigo un perito encargado de un informe que obra en las actuaciones. Además, ha requerido al Consistorio para que remita en la relación de los contratos adjudicados a Opino Media. Ésta estaba dirigida por José Ramón Tiller, quien también trabajó para Crespo Gomar, la agencia de comunicación situada en el centro de toda la financiación.
La causa derivada de la presunta financiación ilegal del PSOE valenciano y el Bloc-Compromís se investiga en cuatro juzgados (dos de Madrid y en Benidorm y Gandía) y suma ya veintisiete imputados. Se investigan contratos adjudicados a Crespo Gomar por parte de los ministerios de Vivienda y Sanidad en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, así como del Ayuntamiento de Gandía y Benidorm.
