Carpetazo provisional a la causa por los vertidos de Aznalcóllar
Se han quebrado expectativas, aunque no se han roto. La titular del juzgado Mixto número 3 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), María Teresa Cuberos, ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa en la que se investigaba un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales por unos supuestos vertidos contaminantes detectados en el complejo minero de Aznalcóllar que podrían afectar al río Agrio, entre otros puntos geográficos. Un proceso al que ya dio carpetazo en 2017, pero que reabrió tras recurrir Emerita Resources, la denunciante y una de las licitadoras en el concurso en el que la Junta adjudicó el yacimiento minero a Minorbis-Grupo México –proceso de adjudicación que analiza otro juzgado sevillano–, al considerar «evidente» que hubo aportes contaminantes «al dominio público hidráulico» y lograr el apoyo de la Fiscalía.
Ahora la magistrada, en un auto fechado el pasado 13 de junio al que tuvo acceso LA RAZÓN, argumenta que «de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa», por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el articulado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «procede decretar» el mencionado «sobreseimiento provisional», si bien matiza que, «en tanto se reciba la documentación pendiente». En este punto se puede echar la vista atrás para entender a qué alude la jueza. El Ministerio Público se mostró a favor de que un biólogo adscrito a la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente realizara una pericial para clarificar si se produjeron o no «vertidos» o «filtraciones de aguas» fuera del recinto minero, pero que la llevara a cabo teniendo en cuenta «toda la documentación obrante en la causa» y no sólo «la tomada en consideración» tanto por el Gobierno autonómico como por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Una apostilla ligada al hecho de que esas dos entidades ya habían sacado emitiendo informes sobre unas muestras que se recogieron en julio de 2015, si bien luego el Instituto Nacional de Toxicología (INT) armó otro documento a partir de una segunda inspección que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) efectuó en febrero de 2016 y que apuntaría a que podría haber afección tanto a las aguas del Agrio como a las que conforman el arroyo de Los Frailes.
Tras conocer el nuevo archivo en teoría temporal del caso, el representante procesal de Emerita, Ramón Escudero, trasladó a este periódico que es «indignante» que «un tema tan importante como es éste, se mantenga parado tantos meses, incluso años, sin los informes oportunos, cuando tanto el Seprona como el instituto toxicológico comprobaron que había contaminación por aguas ácidas e incluso sustancias cancerígenas». Y todo ello «en un entorno protegido que vierte en el espacio natural de Doñana», advirtió el abogado.
De otro lado, fuentes de Ecologistas en Acción, organización personada en la causa, sostuvieron que, una vez leída la resolución de la magistrada, quedan «a la espera de que se reciba la documentación solicitada por la Fiscalía» en su momento. Entienden que el archivo se sustancia en una circunstancia: «La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece unos plazos máximos para la instrucción», por lo que, si la jueza no congela ahora, esos tiempos «siguen corriendo y se puede llegar al archivo definitivo sin posibilidad de reapertura», argumentaron. Una opción que confían no llegue.