El fiscal pide juzgar a Rato por cobrar 850.000 euros en comisiones de publicidad de Bankia
"Rodrigo Rato Figaredo, en su condición de presidente de Caja Madrid-Bankia, cobró en 2011 y 2012, a través de su sociedad patrimonial Krandonara 2001, comisiones carentes de justificación" por valor de 850.000 euros de esa entidad bancaria, cantidades relacionadas con contratos de publicidad a determinadas agencias cuando Bankia iba a salir a bolsa. Estos hechos, a juicio del fiscal, están suficientemente acreditados y, por ello, entiende que se debe finalizar la instrucción de esa pieza y juzgarle por la presunta comisión de un delito de corrupción entre particulares.
En el escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción ante el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, el cual investiga todo lo relacionado con el patrimonio de Rato, se señala que Rato, para lograr esos fines, se sirvió de un grupo de "íntimos colaboradores", que habían trabajado para él "tiempo atrás", como Miguel Ángel Mongtero Quevedo, su secretaria personal, Teresa Arellano, "a la que dio alta funciones ejecutivas dentro de la entidad financiera", así como su "amigo y hombre de confianza" José Manuel Fernández Norniella, a quien nombró vicepresidente y consejero.
En la misma línea, y a los efectos de controlar todo lo relacionado con la publicidad, añade la fiscal Anticorrupción Elena Lorente, "se colocaron en su círculo otras personas" avaladas por Fernández Norniella y por quien se considera testaferro de Rato, Alberto Portuondo. Todos ellos constituyeron un auténtico "grupo de presión" dentro de la entidad financiera, actuando como núcleo duro "a las órdenes y en beneficio último" de Rodrigo Rato. En esas personas, además de las citadas se incluirían, según la Fiscalía, Miguel Ángel Robledo Gómez, responsable de comunicación externa en Caja Madrid-Bankia, y Beatriz Colomer García, colaboradora y mano derecha de Portuondo con funciones en el área de comunicación y marca.
El fiscal concluye que las comisiones cobradas por la sociedad de Rato "se enmascararon como una prestación de servicios". De esa forma, Krandonora percibió un total de 474.416 y 360.608 en los años 2011 y 2012, respectivamente.
El Ministerio Público entiende que la instrucción debe darse por concluida y que procede dictar el correspondiente auto de apertura de juicio oral, para que fiscal y defensa puedan presentar sus conclusiones previas al señalamiento de la vista.