Los organizadores del 1-O elaboraron el censo siguiendo el esquema del 9-N
El escrito, al que ha tenido acceso Confidencial Digital, consta de quince páginas, doce de las cuales corresponden a anexos que documentan la información.
Se trata de un atestado de la Brigada Provincial de Información de Barcelona, que forma parte de la investigación del referéndum de independencia junto con la Guardia Civil.
El documento hace referencia a un informe anterior, del 17 de mayo, en el que se hacía referencia a la firma de un convenio de colaboración entre el Idescat (el Instituto de Estadística catalán) y el departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat para realizar el censo electoral del 1-O a partir del Registro de Población de Cataluña.
Negociaciones para utilizar el censo
El acuerdo fue negociado por Frederic Udina, Director del Idescat; Josep Sort, subdirector de Información y Comunicación; Mercè Perelló, empleada del ente y Jordi Vilajoana, secretario general del departamento de Presidencia de la Generalitat. Los cuatro están siendo investigados por su implicación en los preparativos del referéndum independentista.
El informe policial incluye una relación de correos electrónicos que se enviaron entre ellos, el propio convenio y una carta deVilajoana dirigida a Udina ordenándole la cesión del registro de población catalán para notificar la fecha de la consulta a los catalanes. Se trata de una misiva formal, ya que ambos habían hablado con anterioridad. Finalmente, adjunta una nota de prensa informando de los acuerdos adoptados por parte del Govern para el 9-N.
Uso fraudulento de los datos personales
La Policía tiene la certeza de que estos altos cargos catalanes repitieron el mismo esquema que en 2014 para obtener el censo de Cataluña. Dado que el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la ley de consultas y después la declaró ilegal, esta cesión se realizó forma irregular, al igual que ocurrió con el 1-O.
Fuentes judiciales consultadas por ECD apuntan a que Udina, Sort, Perelló y Vilajoana podrían ser investigados también por estos hechos, ya que la ley que regula el Idescat recoge que los datos personales de los catalanes (nombre completo y apellidos, DNI y dirección de empadronamiento) sólo podrán ser utilizados “en el ejercicio de sus competencias y únicamente en aquellos expedientes en los cuales la residencia o el domicilio sean datos relevantes”. Algo que no ocurrió ni en el caso del 9-N ni en el del 1-O.
El asunto queda en manos del juez instructor, Juan Antonio Ramírez Sunyer, de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, entre las que se encuentra Vox.