Castilla y León blinda la red de protección a personas y familias en riesgo de exclusión
Las Cortes de Castilla y León dieron ayer luz verde y por unanimidad de todos los grupos, a la modificación de la Ley que regula el funcionamiento de la Red de Protección a las Familias en riesgo de exclusión. Algo que permitirá darla estabilidad económica, independientemente de la situación económica que se viva en cada momento, ya que en sus inicios solo se aplicaba en situación de crisis.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, defendía en las Cortes la nueva Ley que, entre otras cuestiones, inaugura un nuevo sistema de protección hacia los más vulnerables que pone el foco en los derechos de estas personas empobrecidas y en la salida de esa situación de exclusión a través del empleo, y deja atrás el carácter asistencial.
Así, la norma pasa a considerar prestaciones esenciales el servicio de apoyo a familias en riesgo de desahucio por deuda hipotecaria, el servicio de provisión inmediata de alimentos, la ayuda para el alquiler de vivienda habitual o la prestación para hacer frente a la hipoteca de una vivienda.
La Ley amplía también su atención y apoyo a las personas que se encuentran en situación de desamparo personal, como es el caso de mayores incapacitados, menores desprotegidos o víctimas de malos tratos.
«Supone un punto de inflexión en la forma de hacer frente a la pobreza y exclusión social con el objetivo de alcanzar la pobreza cero en nuestra Comunidad», destacaba Alicia García.
En un ambiente de total consenso en las Cortes, en donde el PP aceptaba numerosas enmiendas de la oposición, los grupos parlamentarios se felicitaban por haber sacado adelante esta modificación que, según destacaba el procurador de Ciudadanos, David Castaño, «afianza a Castilla y León como una sociedad más solidaria y, sobre todo, mucho más justa». Desde su puesta en marcha en la crisis, la Red de Protección a las Familias en riesgo de exclusión ha funcionado de forma satisfactoria, lo que se revela en que nuestra Comunidad es la que menor tasa de hogares con carencia severa tiene de toda España.
El pasado año, la Red atendió a 190.000 personas gracias a los 190 millones de euros de presupuesto, y en este 2018 la previsión es la de llegar a 200.000 asistidos.