El trampolín

Iñaki Urdangarin va a ir a prisión por siete razones. Las seis primeras son los delitos que ha cometido (el Supremo le ha rebajado uno) y la última es la que Maquiavelo, Giovanni Botero o Max Weber, entre otros, llamaron «razón de Estado». A estas alturas la Corona ya había construido un cortafuegos moral y político alrededor del Rey, incluido el implacable alejamiento físico y protocolario de su hermana, pero la estridente susceptibilidad de la opinión pública requería de una condena explícita para blindarlo. Aunque persistan las teorías conspirativas de trato de favor, la vertiente política del sumario quedó en gran parte depurada con la presencia de la Infanta, finalmente absuelta, en el banquillo de acusados, un empeño personal y algo justiciero del juez Castro. El círculo de blindaje del Trono se cerrará del todo cuando, con alta probabilidad a partir de hoy, el elegante exdeportista que emparentó con la Familia Real se convierta en presidiario.



La actividad ilícita de Urdangarin parece copiada de un manual de actuación que se hubiese olvidado Juan Guerra. El célebre Mienmano -feliz onomástica, maestro Burgos- se libró de la trena porque hasta a partir de su caso no estuvo tipificado como figura penal el tráfico de influencias. El aprovechamiento de una situación de privilegio social o político como «trampolín» para el lucro personal, según define la sentencia. Cuando el yerno del entonces monarca emprendía una gestión ante las Administraciones públicas no necesitaba hacer cola porque todo el mundo sabía quién era. Moviéndose con ambigüedad calculada nunca dijo a nadie, ni le hizo falta, que iba de parte de La Zarzuela. Lo explicó muy gráficamente un alcalde de Barbate, ya fallecido, hace tres décadas: «No es lo mismo que te llame Juan Guerra o que te llame otra persona cualquiera».


El escándalo judicial se llevó por delante a Don Juan Carlos, un jefe de Estado cuya descomunal importancia histórica no merecía acabar enlodada por un escándalo; el tiempo, que según Séneca despeja la verdad, se encargará de rehabilitarlo. Ha querido el azar que el veredicto definitivo del proceso Nòos coincida con el cuarto aniversario de la proclamación del Rey Felipe, para el que la supervivencia de la institución pasa desde el primer momento por un imperativo de ejemplaridad en su sentido más drástico. No le han faltado oportunidades de asentar su legitimidad de ejercicio en estos cuatro años; objetivamente comparado con el conflicto de Cataluña, lo de Urdangarin no son más que tribulaciones de familia, amarguras de cuñados.


Sin embargo, tenía enorme relevancia en la calle, donde la corrupción exige la cárcel como rito expiatorio de la catarsis. Ya la tiene aunque las penas finales seguirán siendo objeto de debate. Fiat iustitia et pereat mundus: la Monarquía constitucional necesitaba el mensaje de que en democracia no hay intocables.