Urdangarin, a la cárcel

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha vuelto a demostrar que es un tribunal inmune a las presiones externas y a las oscilaciones de la opinión pública. Su decisión sobre los recursos de casación interpuestos contra la sentencia del caso Nóos es un ejemplo de independencia judicial. Los magistrados del Alto Tribunal han confirmado sustancialmente las condenas que venían determinadas por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, matizando las penas impuestas a Iñaki Urdangarin, quien ve reducida las suyas en unos meses, pero sin que esta reducción le permita eludir el ingreso en prisión, que hoy mismo le será notificado por el tribunal balear. También se ha corregido la condena civil impuesta a la Infanta Cristina, eximiéndola de pagar unas determinadas cantidades derivadas de los delitos fiscales cometidos por su esposo. La sentencia del TS -amplia, sin ser inabarcable- confirma que los acusados fueron culpables de muchos delitos, pero no de todo. La actuación de la Fiscalía y la tarea del locuaz juez de instrucción, ya jubilado, José Castro, se han visto severamente enmendadas, tanto por el número de absueltos como por la extensión de las condenas. Las declaraciones de Castro calificando como «benévola» y «de saldo» la sentencia dicen mucho de la falta de prudencia y ecuanimidad de quien se tomó la instrucción del caso Nóos como una pasarela de exhibición personal.


La sentencia del Supremo confirma la evidencia, no por ello menos cuestionada, de que España es un Estado de Derecho, en el que rige el principio de igualdad ante la ley. Quienes descalifican la actuación de la Justicia y denuncian su doble rasero deberían hacer una relación de banqueros, empresarios, políticos, parlamentarios y exministros condenados y en prisión. Ahora se suma a la lista el yerno de Don Juan Carlos y cuñado de Don Felipe. Las instituciones de la Constitución de 1978, particularmente el Poder Judicial, funcionan cuando son puestas a prueba en situaciones de tensión. Los oportunistas habituales querrán convertir la condena a Urdangarin en una coartada para atacar a la Monarquía, pero precisamente la Corona ha mantenido un comportamiento ejemplar de no intromisión en las decisiones judiciales sobre Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina. Una actitud de respeto que no abunda en la clase política, siempre dispuesta a encubrirse con toda clase de excusas o a criticar o alabar a los jueces en función del daño que sus decisiones causan a los propios o a los adversarios. Hoy cobran singular valor las palabras de Don Juan Carlos, en su mensaje de Navidad de 2011, cuando afirmó que «la Justicia es igual para todos». El argumento válido para la sociedad española es el contrario del que propalan los republicanos nostálgicos: la Corona, como Jefatura del Estado, ha demostrado ser en el caso Nóos una garantía de respeto entre las instituciones.