El Gobierno de Mariano Rajoy ya había dado muestras de su dificultad para sacar adelante las reformas que necesita el país por la situación de fragmentación en el Congreso. La crisis política desatada por el triunfo ayer de la moción de censura del PSOE contra el Ejecutivo paraliza ahora la agenda de medidas que estaban o iban a ponerse en marcha, que reclama la Comisión Europea y que necesitan de un amplio consenso político para aprobarse.
Una de las citas más urgentes es la reforma de la financiación autonómica. El Gobierno popular planeaba aprobarla antes de las elecciones regionales de mayo del año que viene, pero la crisis política ha paralizado todo. Máxime cuando el Ejecutivo necesitaba pactar el nuevo modelo con el PSOE, que gobierna en la mayor parte de las regiones de régimen común.
Tras fijar por primera vez la posición del Estado en determinados puntos la semana pasada, las comunidades han alegado y la intención del Ejecutivo era convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera esta semana o la siguiente, después de que Rajoy prometiera a la Junta de Andalucía convocar este cónclave para mayo. Unos planes que han saltado por los aires ante el cambio de Gobierno.
Es la reforma más urgente: lleva postergándose desde 2014. Entonces, cuando el PP tenía mayoría absoluta y gobernaba la plana mayor de las autonomías, se aplazó por falta de recursos. Tras la Conferencia de Presidentes de enero de 2017 y el informe del grupo de expertos en julio, los avances han sido mínimos. Junto a ello, también está la financiación municipal.
Un déficit de 18.800 millones
No menos importante era conseguir un acuerdo en el Pacto de Toledo que blindara las pensiones, afectadas por un déficit de 18.800 millones. Sus señorías llevan más de año y medio negociando sin lograr un solo acuerdo que permita dar estabilidad a un sistema que paga más de 9 millones de pensiones. El bloqueo político ha hecho que las pensiones hayan sido utilizadas de nuevo en los últimos años como arma electoral lo que ha impedido avances que permitieran buscar nuevas vías de ingresos para un sistema que cada mes desembolsa casi 9.000 millones para pagar las nóminas de los 8,7 millones de jubilados.
Otra medida pendiente desde hace años, que se deriva de una directiva europea y que las autoridades comunitarias llevaban tiempo urgiendo al Ejecutivo, es la reforma hipotecaria. La nueva ley de crédito inmobiliario, de gran trascendencia por cuanto modificará un mercado clave como el del crédito para la compra de vivienda, estaba en pleno trámite parlamentario y ya había generado gran discusión entre los grupos.
El acuerdo de investidura entre el PP y Ciudadanos de 2016 incluía también una profunda reforma de los organismos supervisores que pasara por la separación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos nuevas autoridades, una de Competencia y otra de Mercados; en la separación formal de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Dgsfp) del Ministerio de Economía, y en la creación de una autoridad de protección del consumidor financiero.
La intención de Escolano, según manifestó el pasado abril en el Congreso tras acceder al cargo de ministro, era lanzar a consulta pública el texto del nuevo proyecto de ley en el plazo de un mes para retomar las negociaciones en torno a esta reforma, algo que hasta la fecha no se ha hecho. Es más, este mes de junio el Gobierno se había comprometido por ley a aprobar un proyecto de ley para crear una agencia de protección del cliente financiero, detallando su organización y funciones, paso que tampoco ha dado.
España debe aprobar también cuanto antes la transposición al ordenamiento jurídico español de la directiva europea de mercados de instrumentos financieros, llamada Mifid II, por cuanto no haberla adoptado aún genera incertidumbres en la industria y una situación de desventaja respecto a otros mercados europeos. Escolano informó de que su intención era enviar el proyecto al Congreso en julio para acelerar su aprobación. Además, el Ministerio acaba de lanzar a consulta pública un proyecto para crear un laboratorio legal de pruebas para las empresas digitales de innovación financiera («fintech»), el llamado «sandbox», norma que en el actual contexto también podría retrasarse.
Ya el Banco de España advertía en su último informe anual de la dificultad del Gobierno para sacar adelante las reformas estructurales. Por eso, entre los analistas empezaba a cundir la idea de que unas elecciones anticipadas que diesen lugar a un gobierno apoyado por mayorías más estables, entre el PP y Ciudadanos o el PSOE y Ciudadanos, permitiría tomar decisiones necesarias para el medio plazo.
Auditorías en las empresas
El bloqueo político de los últimos años parece que se ha trasladado también al diálogo social, donde dos grandes reformas que deberían pasar por el Congreso y ser aprobadas por mayoría han quedado atrapadas. Una de ellas permitiría atajar la elevada temporalidad. El intenso ritmo de creación de empleo, el más alto en Europa, ha dejado al descubierto debilidades estructurales del mercado laboral que la reforma laboral de 2012 no ha solucionado. Junto a los recortes salariales que facilitó la normativa, la precariedad laboral ha llevado a España a ser campeón europeo, con tasas cercanas al 30%. Para atajar el problema Empleo ha diseñado una reforma cuya base es un contrato con indemnización creciente, tal y como pactó el Gobierno con Ciudadanos en 2016. Una nueva figura temporal con una indemnización creciente de hasta 20 días por año, la misma que tienen contratos fijos cuando el despido es objetivo.
La brecha salarial también estaba en la agenda reformista. El Gobierno popular pretendía llevar al Congreso un proyecto de ley para recordar la brecha salarial (las mujeres ganan un 22% menos que los hombres). Las medidas consisten, entre otras, en aumentar las obligaciones de las empresas para facilitar información sobre los sueldos y obligar a las de más de 250 trabajadores a realizar por ley auditorías salariales.
