En ausencia de acuerdos parlamentarios en el seno del Pacto de Toledo, y casi sin fondos en la hucha de las pensiones, el Gobierno reconoce que el Estado tendrá que prestar dinero a la Seguridad Social mientras ésta siga en déficit. En el mejor de los casos, y según el Programa de Estabilidad remitido recientemente a Bruselas, los números rojos no desaparecerán hasta el año 2021, por lo que serán necesarios préstamos de casi 20.000 millones anuales para garantizar las jubilaciones tanto en 2019 como 2020.