Archivado el expediente contra un funcionario denunciado por acoso sexual en Benidorm
El instructor del expediente ha adoptado la resolución a la vista del auto de sobreseimiento declarado firme el pasado 3 de mayo por el Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm, que se ocupó de tramitar la denuncia presentada por el criminólogo municipal Justo López.
Este técnico había puesto en conocimiento del alcalde, Toni Pérez, una serie de supuestos actos delictivos cometidos por funcionarios en el programa de penados del que él era responsable y, al mismo tiempo, interpuso las correspondientes denuncias en el juzgado.
Ante los hechos denunciados por el criminólogo, el consistorio abrió expedientes, pero estos, al encontrarse también en sede judicial, se paralizaron hasta que se produjera la resolución de la justicia.
En este caso, el juzgado decidió el sobreseimiento; de ahí que el ayuntamiento, una vez notificada la resolución, haya decidido archivar el expediente abierto.
A la hora de justificar la decisión, el instructor considera que "los hechos que dieron origen a la apertura de diligencias penales por la comisión de un presunto delito de acoso sexual no han sido acreditados en sede judicial" y, por ello, la Administración Local "no puede ser ajena a esta resolución judicial".
"La presunta culpabilidad del inculpado ha quedado destruida con la resolución judicial dictada", según el instructor.
Pulso entre administraciones
La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, creada durante el presente mandato del Consell gobernado por el PSPV-PSOE y Compromís, ha respaldado en su primera actuación de relevancia que ha trascendido precisamente al criminólogo municipal de Benidorm.
A raíz de sus denuncias por supuestas irregularidades en el trato a penados que realizaban trabajos comunitarios, este nuevo organismo salió en su defensa por posibles «represalias». El criminólogo fue expedientado y posteriormente readmitido en su puesto, después de que la creación de esta plaza de funcionario -de la que existen pocas referencias en toda España- fuera denunciada sin éxito.
Ahora, después de estrenarse la citada agencia antifraude impulsada por socialistas y nacionalistas precisamente contra un ayuntamiento gobernado por los populares, estos últimos han recurrido sus resoluciones y defienden el decreto de Alcaldía para eliminar la plaza de criminólogo.