La solución al conflicto de la Justicia ni está ni se la espera. La Xunta y los sindicatos están distanciados por un abismo, y sin una próxima reunión a la vista, la angustia y las discrepancias entre los huelguistas van haciendo mella, aunque sin llegar a provocar un verdadero vuelco en las negociaciones. El último intento se produjo el pasado viernes: existió un acercamiento entre el Gobierno y el comité de huelga, pero ni de lejos fue suficiente para aplacar una protesta que suma 36 días y un reguero de daños colaterales tras de sí.
No hay más que remitirse a las palabras pronunciadas ayer por Alfonso Rueda para constatar las dificultades por las que atraviesa la fase de diálogo. «Si se nos piden cifras inasumibles, no podrá haber una solución», lamentó el responsable de Xustiza de la Xunta, después de que el pasado viernes se incrementara a 105 euros la oferta oficial de subida salarial, y los sindicatos plantaran su propuesta en 190.
Desde el departamento de Vicepresidencia reclaman analizar los últimos acontecimientos con perspectiva. La Xunta, dicen, «cumplió todo aquello que se estaba pidiendo desde los sindicatos», como situar a los funcionarios gallegos por encima de la media retributiva del conjunto de España. Por eso Rueda hizo un llamamiento a la «reflexión» y a la «responsabilidad» tanto de los sindicalistas como de los propios trabajadores. De otro modo, no tendría sentido prolongar «eternamente» las negociaciones, sentenció.
Sin embargo, los deseos del vicepresidente chocan de lleno contra una realidad: el comité de huelga, compuesto por un bloque multicolor de hasta siete organizaciones sindicales, mantiene su unidad al menos de puertas para afuera. De puertas para adentro el clima cambia, tal y como reconocen las fuentes consultadas por ABC. «Hay gente que estamos más por reflexionar», asegura uno de los integrantes del comité, que se deshace en críticas hacia el rol de «salvapatrias» adoptado por algunos de sus compañeros: «Cuando se abre una negociación, se va para acercar posturas y no para distanciar», señala.
En la reunión del pasado viernes, las disputas palpables dentro del comité llegaron a poner en «peligro» la unidad. Allí se confirmó la existencia de dos facciones. Por un lado, un sector se decanta por acercarse hacia las tesis de la Xunta y por aceptar un aumento que oscile alrededor de los 155 euros mensuales; pero otro grupúsculo, mucho más radicalizado, arrastra a los demás hacia la confrontación con el Gobierno exigiendo, también, más dinero a medida que avanza la huelga y los costes de la protesta se disparan. «Así cada vez vamos a estar más alejados», reprochan las mismas fuentes.
Otras voces, no obstante, aclaran que todo se debe a la falta de talante de algunas centrales. «Las decisiones se toman por mayoría y así va a seguir siendo siempre. Y cuando la mayoría no vota lo que tú quieres, no procede decir los resultados porque si eso se empieza a airear ahí vienen los problemas», indican.
El presidente del comité, Manuel Tejada, no le pone paños calientes a esta situación. «¿Para que vamos a decir que no hay pequeñas discrepancias? Somos un grupo heterogéneo, con ideas muy distintas, pero seguimos juntos», precisa en conversación con este diario. Así se acordó después de que los portavoces de las distintas organizaciones mantuvieran un encuentro el pasado lunes y limaran algunas asperezas.
Descuento en las nóminas
Las cinco semanas de huelga están carcomiendo los ingresos de los funcionarios. A razón de 80 euros por día de protesta, las pérdidas de algunos trabajadores rondan ya los 1.800 euros. Ayer, los funcionarios participaron en un acto de protesta en Santiago para denunciar la «falta de claridad» de la Xunta en los descuentos y para reivindicar que una parte de las horas no cobradas en la nómina de febrero todavía puede percibirse en marzo si se soluciona el conflicto. La hipótesis tiene más de anhelo que de realidad: ninguna de las dos partes ve próxima la salida a este laberinto.
