Emprendieron su lucha desde el anonimato, siempre quisieron preservarlo, aunque el fuego cruzado entre administraciones (Gobierno y Generalitat) a raíz del
conflicto lingüístico
les ha situado durante años en el punto de mira. Consuelo Santos, Feliciano Sánchez, Enrique López y Marina Gala iniciaron hace años su particular batalla lingüística con un solo objetivo: que sus hijos se escolarizaran también en castellano en Cataluña apelando a un derecho constitucional (el artículo 31 de la Carta Magna establece que el castellano «es la lengua oficial del Estado» y «todos los españoles tienen el deber de conocerla y usarla»).
Pese a que sólidos pronunciamientos judiciales (TS, TC y TSJC) avalan su reclamación, estos padres, y otros muchos que se sumaron después, no solo no han logrado su objetivo, sino que han sido «señalados socialmente» y «ninguneados» por la Generalitat. Tras años de desgaste emocional, estos padres tienen la sensación de «no haber logrado cambiar nada». La pasada semana, el TC cerró la vía a la escolarización en castellano sin pasar por la Justicia -la «vía Wert»-. Sus opciones se reducen. ABC recoge sus experiencias.
