Serra se escuda en el Banco de España
La antigua cúpula de Catalunya Caixa (CX) declaró ayer en la Audiencia Nacional por el presunto agujero de 720 millones de euros ocasionado en la entidad. Narcís Serra, expresidente del banco rescatado en 2012, y el resto de los investigados, señalaron al Banco de España como conocedor de las operaciones y aseguraron que la institución monetaria estaba al tanto de todo. Además del exvicepresidente del Gobierno comparecieron Adolf Todó, expresidente de CX y sucesor de Serra, y el ex director general José María Loza, que también apuntaron al Banco de España, conocedor tanto de las operaciones inmobiliarias llevadas a cabo entre 2001 y 2007 como del cambio de modelo de negocio posterior a 2008, según explicaron fuentes jurídicas. Asimismo, afirmaron que el proceso para aprobar dichas operaciones cumplió en todo momento la normativa. Señalaron que prueba de ello es que se hicieron con éxito entre 600 y 700 operaciones.
El FROB, en el punto de mira
A su salida del juzgado, donde declaró durante una hora y diez minutos por el perjuicio causado a la entidad mediante operaciones inmobiliarias supuestamente irregulares entre 2000 y 2013, Serra se dirigió a los periodistas y aseguró que había entrado «muy tranquilo» y que salía «aún más tranquilo», convencido de que «todo acabará bien», según informa Efe. Los tres investigados relataron que nadie podía esperar el desplome de los mercados y recordaron que incluso en 2008 se hablaba de «brotes verdes». En su opinión, el agujero patrimonial también obedece al poco valor por el que se vendieron a la Sareb, el «banco malo», los activos tóxicos de la entidad. Los exdirectivos también dijeron en el interrogatorio que el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) estaban también al corriente y aprobaron la sustitución de Loza por Todó, que se produjo en febrero de 2008.
Narcís Serra, que fue vicepresidente del Gobierno con Felipe González entre 1991 y 1995, llegó a la presidencia de Catalunya Caixa diez años después de dejar la política, tras unos años centrado en el sector privado, como consejero de las filiales de Telefónica en Brasil y Chile.
En 2005 se puso al frente de Catalunya Caixa, fruto de la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona, entidad que recibió un total de 13.221 millones de euros en ayudas públicas tras su nacionalización. La causa investiga una serie de operaciones inmobiliarias efectuadas entre los años 2000 y 2013, en las que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50% junto con otros socios, y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea (Procam). La Fiscalía Anticorrupción considera que los órganos de gobierno de la entidad aprobaron intervenir en promociones inmobiliarias en España, Polonia y Portugal en las que se adquirían terrenos no urbanizables o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo que suponía «un riesgo en la inversión». De este modo, la entidad habría adquirido inmuebles y «compromisos económicos relevantes» y concedido créditos «desproporcionados».
Hoy comparecerán el director general adjunto entre 1998 y 2005 Lluís Gasull, y los exdirectivos Eduardo Aznar, Joan Valls y Joan Güell. En los próximos días lo harán los antiguos miembros de la comisión ejecutiva Joan Manuel Pla, Josep Alonso, Joan Echániz y Josep Molins, así como el exvicepresidente de Catalunya Caixa y presidente de Enagás, Antonio Llardén, y Montserrat Robuste, Francisco José Villegas y Josep María Alentorn.