El absurdo permanente en el que el independentismo ha instalado a la política catalana ha obligado al Estado a enfrentar un sinfín de situaciones que desbordan las previsiones del ordenamiento jurídico y ante las cuales no existe una respuesta precisa, sino la que, aunando pericia y determinación, sean capaces de dar el Gobierno y los tribunales. El salvavidas que en forma de medidas cautelares ha brindado el Tribunal Constitucional al Gobierno dispone tres prohibiciones preventivas. En primer lugar, Puigdemont no puede ser investido por vías telemáticas. En segundo término, no podrá procederse a la investidura de un candidato en busca y captura si no existe autorización judicial. Y, finalmente, no cabe la opción de que los fugados de la Justicia deleguen el voto. La declaración del máximo interprete de la Carta Magna tiene dos consecuencias directas. Por un lado, anula cualquier eficacia jurídica que el separatismo pretenda dar a sus triquiñuelas -es decir, el intento de reelección de Puigdemont nunca tendrá validez legal- y, por otro, se pone sobre aviso a los diputados que impulsen un nuevo fraude. Así, los 'nuevos' saben que pueden verse salpicados por un proceso judicial que se ha mostrado muy severo con los anteriores 'Govern' y Mesa del 'Parlament', y los imputados en el Supremo se asoman al abismo de la vuelta a prisión por reincidencia. Una vez desactivadas las pretensiones de quienes aspiran a desafiar la ley y activados los mecanismos disuasorios a su alcance, concluye el papel del Derecho y los tribunales y se activa el momento de la acción del Gobierno.
