La transición del Brexit concluirá a finales de 2020
Bruselas quiere seguir manejando los tiempos. El negociador jefe de los Veintisiete, Michel Barnier, propuso ayer que el periodo de transición se extienda únicamente hasta diciembre de 2020 (cuando termina el actual periodo presupuestario), un lapso de tiempo que no llega a los dos años que pide Reino Unido. De esta manera, las dos partes sólo tendrán 21 meses (desde el 30 de marzo de 2019) para concluir un acuerdo comercial tras la consumación del divorcio, lo que obliga a todo un esprint y el más difícil todavía. Las conversaciones con Canadá para un partenariado de este tipo, el conocido como CETA, duraron siete años y había mucho menos en juego.
Como preámbulo, las negociaciones sobre el divorcio se han saldado con un preacuerdo que llega con tres meses de retraso y muchos detalles sin perfilar. En octubre de 2018 todo debe estar listo (también una declaración política sobre la futura relación entre Londres y los Veintisiete) con el propósito de que el portazo británico no interfiera en las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2019.
El tiempo apremia y hay consenso en Bruselas sobre la necesidad de no infravalorar la segunda fase. El acuerdo futuro entre Londres y sus todavía socios podría plasmarse en un compromiso de tipo mixto que cubra las inversiones a uno y otro lado del Canal de la Mancha. Esto obligaría a la ratificación parlamentaria del pacto en cada Estado miembro y a que, en algunos casos, se requiera incluso el «sí» de los Parlamentos regionales. En el caso canadiense, el Legislativo belga de Valonia tuvo en vilo a los Veintiocho. Es fácil caer sin red.
Por lo demás, las capitales europeas se mantienen inalterables en su posición: si no habrá futura relación a la carta, tampoco habrá acuerdo de transición en forma de traje a medida. En los dos escasos años de este periodo, Reino Unido deberá respetar todas las políticas comunitarias, aceptar la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE y la libre circulación de trabajadores sin voz ni voto en las instituciones comunitarias y sin que Theresa May sea invitada a las cumbres. Un sapo duro de tragar para los «brexiters» duros que, sin embargo, permite amortiguar el golpe. Durante el periodo de negociaciones de cara al futuro deberán resolverse cuestiones tan peliagudas como la cooperación judicial y de defensa o un pacto sobre la aviación.
Bruselas también permanece inalterable respecto al veto concedido a España sobre cualquier relación futura con Gibraltar incluido el periodo de transición. El estatus del Peñón no ha sido abordado en las negociaciones del divorcio por deseo expreso del Ejecutivo español, que ha evitado paralelismos con la frontera irlandesa del Ulster y, a partir de ahora, cualquier decisión sobre el futuro y el acuerdo de transición deberá recibir la luz verde de nuestro país, que puede comenzar a imponer exigencias.