El Real Betis Balompié SAD ha celebrado este martes 17 de diciembre su Junta General de Accionistas de 2024, una asamblea larga y densa por la multitud de puntos del orden del día, hasta trece, que la sociedad heliopolitana anunció para su celebración. Llamaba la atención entre los accionistas de la sociedad verdiblanca las propuestas de modificaciones estatutarias, que han copado todos los puntos desde el sexto hasta el decimotercero. Previa a la celebración de la Junta General de Accionistas, el consejo de administración del club bético justificó esta batería de modificaciones estatutarias como una puesta al día y una adaptación a la normativa vigente de las sociedades de capital respecto a la Unión Europea. Los puntos relativos a las modificaciones estatutarias que más sensibilidades generaron en los días previos a la celebración de la asamblea fueron, entre otros, los que se refieren a la posibilidad de permitir accionistas extranjeros, a que los presupuestos se puedan aprobar por el consejo sin pasar por una junta y al objeto de la sociedad para poder incluir más conceptos de desarrollo para permitir la constitución de secciones deportivas y el efectivo desarrollo de actividades económicas accesorias y no sustanciales que contribuyan al fin social. Otras más llamativas fueron la modificación estatutaria para que el nombramiento de auditores no pase necesariamente por el órgano de la Junta General de Accionistas, sino que se pueda hacer mediante reunión del consejo de administración, aunque una vez nombrados se dará información y conocimiento a la asamblea general. Todos ellos fueron aprobados. La intervención más interesante la protagonizó Fernando Gamero, quien mostró el miedo de muchos béticos a la posible entrada de capital extranjero con la supresión del artículo 8 de los estatutos y pedía un compromiso por parte del consejo. Carlos González de Castro le respondió que «este consejo de administración no tiene la potestad de ir contra la legalidad vigente. La norma de no permitir la adquisición de acciones por parte de extranjeros es ilegal, no tenemos la facultad de prohibirlo. Hay adquirientes extranjeros desde hace muchos años. No podemos tener una normativa que contraviene la legalidad vigente», señalaba el consejero Carlos González de Castro. «Los estatutos no protegen la entrada de un fondo de ningún tipo para la compra de acciones. Se puede hacer fácilmente a través de una filial. Yo soy de los pocos accionistas que digo que mi intención es no vender las acciones, sino que mis hijos hereden. Los que siempre se quejan de que nosotros las vamos a vender son los que terminan vendiendo. Y se lo digo porque nos las venden a nosotros», respondía contundente Haro en esta cuestión. Fue en el punto décimo del orden del día cuando se pidió desde el consejo de administración la modificación estatutaria de que la aprobación del presupuesto anual de la Sociedad pase obligatoriamente por la Junta General de Accionistas. De esta forma, el consejo quiere evitar darle «ventaja competitiva» a otros clubes y también adaptarse a lo que pide LaLiga, según expuso González de Castro. El club aprobó, de hecho, un presupuesto para esta campaña de 183 millones de euros supeditado a ventas. Sí se alcanzó el compromiso de informar en cada junta de los detalles de los presupuestos.
