(CNN en Español)– La oposición mayoritaria de Venezuela se ha visto obligada a hacer ajustes para enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Las líneas centrales del plan de gobierno estaban contenidas en el documento llamado “Venezuela, tierra de gracia”, de la candidata ganadora de las primarias, María Corina Machado, y partía de la necesidad de establecer un “acuerdo nacional”.
Pero la exdiputada no pudo inscribirse como la abanderada de la Plataforma Unitaria Democrática debido a una sanción administrativa impuesta por la Contraloría General de la República, cuya validez fue refrendada por el Tribunal Supremo de Justicia.
Con el nombramiento de Edmundo González como su sustituto, la línea discursiva se mantuvo y en varias ocasiones, el candidato ha mencionado cuáles son sus prioridades.
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En un cuestionario que respondió a CNN, González Urrutia aseguró que de ganar la presidencia sus primeras decisiones estarán enfocadas en “propiciar medidas para la recuperación económica, social e institucional”.
Al asumir la candidatura oficialmente, el exembajador dijo que estaban ante el reto “de apostar por la recuperación de Venezuela”. “Nadie puede ser indiferente a la situación de millones de compatriotas nuestros”, agregó.
En opinión de González Urrutia, “se trata de abatir la inflación, mejorar los sueldos, para que no se deprecie la moneda. Todo eso hay que hacerlo de inmediato”. Fuentes cercanas al candidato dijeron a CNN que afina los últimos detalles de su propuesta de gobierno.
Sobre la cuáles serían las decisiones en torno a la cúpula que gobierna el país sudamericano, el candidato aseguraba “que la justicia tendrá que intervenir” y que hay varios caminos que seguir sin descartar la amnistía, que recuerda es una medida aplicada en otros países en transición.
Maduro recicla ideas de Chávez para 2030
El presidente Nicolás Maduro anunció durante el inicio del año legislativo en enero la agenda de siete transformaciones que -según su gobierno- necesita el país para ser una potencia y que abarcarían hasta 2030.
Como punto uno, el mandatario señala que esperan “modernizar la economía” mediante “un nuevo modelo exportador productivo, transformación completa del modelo económico productivo”.
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También habla de independencia plena: “Perfeccionar el modelo de convivencia y de goce de los derechos humanos; atención a la ecología; renovar el modelo de protección humanista; geopolítica y repolitización”.
El énfasis de esta lista está en lo económico y, durante su presentación, Maduro aseguró que su confección estaba inspirada en las ideas de Hugo Chávez contenidas en el Plan de Patria, el programa de gobierno que el fallecido mandatario presentó en 2012 para su cuarto mandato, que nunca logró comenzar, así como en documentos anteriores.
En esas líneas, el entonces presidente se planteaba cinco “objetivos históricos”, entre ellos “continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo” y “contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar”.
Pero más que una continuación en el tiempo, Maduro parece reciclar las mismas ideas con metas que no han sido alcanzadas a lo largo de estos años.
En el documento “Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007” ya Chávez daba preponderancia a “alcanzar un crecimiento económico sostenido, estabilizar el tipo de cambio y eliminar la volatilidad económica”, así como “darle prioridad a la mejora y expansión de los servicios básicos como electricidad, telecomunicaciones, agua, gas y otros”.
También se refiere a “aumentar y diversificar la economía exportadora no petrolera y diversificar la producción”.
El ofrecimiento parece repetirse a lo largo de los años. En junio de 2012, de nuevo, Chávez incluye estas promesas en la oferta electoral para los comicios de octubre de ese año. Mencionaba en aquella ocasión que estaban enfocados en desarrollar el “poderío económico nacional y propulsar la transformación del sistema económico, en función de la transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas”.
Todas esas expectativas económicas contenidas en ese “Plan de la Patria” no se cumplieron.
En 2018, el economista Leonardo Vera publicaba un artículo en la revista Nueva Sociedad en el que resumía la situación del país como catastrófica: “La economía venezolana acumula en los últimos cuatro años una caída abismal del PIB cercana a 40%, en un cuadro de escasez… El Banco Central de Venezuela se ha quedado sin reservas internacionales operativas, y el rígido mecanismo de control de cambios que ha regido el país desde 2003 ha colapsado y, desde septiembre del año pasado, la economía se ha quedado sin mercado cambiario legal u oficial”.
En numerosas intervenciones, distintos voceros del gobierno de Venezuela han asegurado que la caída de la economía obedece a las sanciones impuestas por Washington a funcionarios y empresas públicas del país sudamericano, aunque para la fecha del artículo de Vera Washington aún no había sancionado a la industria petrolera venezolana, medida que llegó en enero de 2019.
Pero las cifras oficiales de Maduro son más optimistas.
El 13 de marzo anunciaba que según sus cálculos, la economía de Venezuela crecerá en 8% durante este año. En 2023, el Producto Interno Bruto de la nación sudamericana se incrementó en 2,6%, de acuerdo al boletín Macroeconómico publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
No obstante, la realidad se empeña en contradecirlo. Entre 2014 y 2021 Venezuela sufrió una caída del 76% de su PIB, según un informe del Observatorio Venezolano de Finanzas. Y de acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes, hay 7,7 millones de venezolanos regados por el mundo que entran dentro de estas dos definiciones. Buena parte de ellos ha salido del país durante la era de Maduro.
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