La ponencia del Tribunal Constitucional (TC) que propone anular la condena del Tribunal Supremo a Magdalena Álvarez por el caso de los ERE basa su relato en que el Gobierno andaluz no prevaricó al aprobar las partidas presupuestarias que permitieron su concesión y pago. El texto, que previsiblemente verá la luz con el apoyo de la mayoría progresista, obliga a la Audiencia Provincial de Sevilla a dictar una nueva sentencia al considerar que la condena vulneró su derecho fundamental a la legalidad penal (artículo 25 CE). Fuentes jurídicas confirman a Vozpópuli que el texto, que ha re ...
