El Gobierno ha propuesto rebajar el actual delito de sedición, que desaparece y pasa a ser de "desórdenes públicos gravados", penado actualmente para autoridades con 10 a 15 años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, hasta penas de tres a cinco años de prisión y de seis a ocho años de inhabilitación, según recoge la proposicion de ley orgánica realizada por PSOE y Unidas Podemos. El texto señala que "serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia ...
