Los visados concedidos a ciudadanos rusos por invertir en España, la conocida como ‘golden visa’, sumaron 492 entre principios de 2020 y finales de enero del pasado mes, según han detallado a EFE fuentes de la Oficina de Información Diplomática. Estos visados están regulados en una ley de 2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que establece los requisitos necesarios para obtener la residencia bien como inversores en empresas, en capital o como compradores de vivienda, entre otros. Por el momento, España no ha tomado una decisión sobre estos visados pero otros países, como Portugal, sí los han suspendido.
Entre 2020 y el pasado mes de enero obtuvieron visados por acreditar la condición de inversores en empresas un total de 246 personas rusas de los que la mayoría (160) se registraron en 2021. Otros 79 se concedieron en 2020 y los 7 restantes, en enero de este año. En la categoría de visados concedidos por la compra de inmuebles figuran 237 personas de origen ruso, de las que 157 lo consiguieron en 2021, 74 en 2020 y dos más el pasado enero. Los permisos de residencia para ciudadanos de Rusia por inversiones de capital fueron solo nueve, cinco de ellos en 2020, tres más en 2021 y uno, en enero.
Para contribuir a la internacionalización de la economía española, la ley de 2013 estableció un sistema de movilidad internacional, con nuevas vías para la entrada y residencia en el país de inversores, emprendedores y trabajadores que contribuyeran al desarrollo.
La norma define cuatro vías para considerar la inversión significativa de capital: la compra de al menos dos millones de euros en deuda pública española; un millón en acciones o participaciones en sociedades de capital español con una actividad real de negocio; un millón en fondos de inversión o fondos de capital riesgo constituidos en España, o un millón en depósitos bancarios en entidades financieras nacionales. En cuanto a la adquisición de bienes inmuebles, la inversión deberá ser de un mínimo de 500.000 euros por cada solicitante.
Para los inversores exige la participación en un proyecto empresarial que vaya a ser desarrollado en España y que sea considerado y acreditado como de interés general, para lo cual será preceptivo que se cree empleo, se realice una inversión con impacto socioeconómico de relevancia en el ámbito geográfico o que haga una aportación relevante a la innovación científica y/o tecnológica. Los inversores y sus familiares deberán contar con un seguro público o privado de enfermedad concertado con una entidad aseguradora autorizada para operar en España, con coberturas equiparables a las provistas por el Sistema Nacional de Salud.
