La entrega del informe de los expertos que ha designado Hacienda para que le asesoren en la reforma fiscal se retrasa a marzo. Finalmente no será siquiera el 28 de febrero, la fecha que marcó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado 12 de abril en la presentación en sociedad de este comité y que venía repitiendo. El pasado diciembre, cuando se produjo la primera dimisión de uno de los sabios, el catedrático Ignacio Zubiri, que adelantó Vozpópuli, por las presiones del Gobierno, Hacienda había estipulado que entregaran el informe a finales de enero y se reservaba febrero para analizarlo.
Cuando se acercaba la fecha y arreciaban las críticas por la dimisión de un segundo experto, el catedrático Carlos Montasterio, la entrega empezó a dilatarse, proceso que además coincidió con las elecciones en Castilla y León.
Las citas electorales suelen diluir los mensajes sobre impuestos del Gobierno de Pedro Sánchez, como muestra el desmentido del propio Sánchez y de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, a Montero, que anunció subidas de Sociedades, Patrimonio y Sucesiones en la presentación de los expertos, cuando sorpresivamente se convocaron poco después las elecciones a la Comunidad de Madrid con la política de bajada de impuestos de Isabel Díaz Ayuso en liza. Y con un informe que pide una armonización fiscal al alza para obligar a la Comunidad de Madrid a subir impuestos.
Pues bien, una vez despejadas las elecciones castellanoleonesas, los expertos contaban con entregar el informe el jueves 17 de febrero, sin descartar que fuera necesario alargar una semana más, al pasado jueves 24. Llegó este jueves y con la guerra interna del PP en plena ebullición tras desatarse en la tarde del miércoles 23, llega un nuevo retraso en la entrega, que va más allá incluso del 28 de febrero, según fuentes conocedoras. Los planes son entregar el informe a principios de marzo, lo que se determinará con la agenda de la ministra, y se perfilan los días 2 ó 3 de marzo.
Se va a escenificar que la entrega se realiza por la mañana y se expone a los medios su contenido por la tarde, en un intento de que parezca que el Gobierno no influye ni tiene conocimiento anticipado del contenido. Eso sí, a nadie se le escapa que el presidente del comité, Jesús Ruiz-Huerta, y su secretario, Alain Cuenca, han podido transmitir una parte o la totalidad de lo que se ha venido acordando.
El comité nació controlado por un presidente y un secretario con lazos con el PSOE y siendo su secretario, además, parte del Gobierno. Lo preside Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Fue director del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), que depende de Hacienda, entre 2004 y 2008, en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Este cargo tiene rango de director general y es nombrado por el ministro de Hacienda. Ruiz-Huerta dirige el Laboratorio de la Fundación Alternativas, vinculada al PSOE.
El secretario, Alain Cuenca, fue nombrado director del IEF por Montero en 2018, y ha sido responsable de financiación autonómica y local en el Ministerio de Economía y Hacienda, también director general en el escalafón, durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre 2004 y 2005, fue jefe de Gabinete de la Secretaría General de Presupuestos y Gastos del Ministerio, y entre 2005 y 2008, director General de Coordinación Financiera con Entidades Locales.
Sea como fuere, en la presentación de los expertos, la ministra ya delimitó las materias a tratar. El trabajo encomendado, analizar el sistema fiscal para "mejorar su eficiencia, garantizar los recursos públicos y adaptarlo a los retos del siglo XXI", iba a poner el "énfasis en el estudio de la fiscalidad medioambiental, la imposición en Sociedades, la tributación de la economía digital, así como la armonización patrimonial". En declaraciones a los medios antes de la propia presentación en sociedad del comité, Montero subrayó sus planes de "armonizar Sucesiones y Patrimonio", uno de los principales objetivos políticos del Gobierno de Pedro Sánchez y de sus socios para obligar a la Comunidad de Madrid a subirlos.
Pues bien, lo que ahora mismo queda por cerrar es más o menos lo mismo que estaba pendiente el pasado jueves: si se concreta y cómo la armonización fiscal al alza y qué se decide hacer con el escudo fiscal. Que hay que armonizar al alza para obligar a la Comunidad de Madrid a subir impuestos está claro, lo que queda por acordar es si se decide una fórmula concreta del menú que se ha planteado y si se ofrecen horquillas.
Pero no hay dudas sobre la armonización, un asunto sobre el que algunos de los expertos, incluso desde posiciones cercanas a la izquierda, se habían mostrado en el pasado en contra o al menos partidarios de cierta autonomía o corresponsabilidad fiscal de las comunidades. Una materia con aristas y que genera distintas posiciones técnicas cuando consigue alejarse del debate meramente político.
En lo que respecta al escudo fiscal, que se quiere revisar, el límite que aplican las comunidades autónomas de régimen común que supone que la suma de las cuotas de IRPF y Patrimonio de un contribuyente no podrá superar el 60% de la base imponible del IRPF, faltan por cerrar los detalles de cómo hacerlo.
