Javier Gómez Bermúdez, expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se enfrenta en el caso Mercasa con su amigo y antiguo colega el juez Santiago Pedraz, al frente del Juzgado Central de Instrucción número cinco.
Gómez Bermúdez, que en 2017 se incorporó al despacho Ramón y Cajal, representa ahora al grupo Mercasa en el caso que se investiga en el Juzgado de Pedraz.
Como juez de la Audiencia Nacional, Gómez Bermúdez trabajó en casos de terrorismo, tanto de ETA como islamista, y en delitos económicos, participando en casos como los de Banesto, Torras, o KIO, entre otros muchos.
El abogado de Mercasa recuerda que en los informes policiales, y en el de EY, no hay indicios de irregularidades
La Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado mes de junio escrito de conclusiones provisionales contra Mercasa, otras sociedades y 17 personas, por presuntas irregularidades en contratos suscritos entre 2006 y 2016 para la construcción de un mercado mayorista en Luanda (Angola), un caso que destapó Vozpópuli en noviembre de 2016.
El juez Pedraz investiga además otras presuntas irregularidades que se hubieran podido cometer en el caso Mercasa en Panamá y en Argentina.
El pasado mes de diciembre Gómez Bermúdez presentó un escrito ante el Juzgado de Pedraz, advirtiendo que se han expuesto ya informes de los que "no parecen extraerse indicios de irregularidades con relevancia penal en la operativa de la sucursal de Mercasa en Panamá, en el periodo que se extiende entre los años 2012 y 2017".
Las diligencias en Panamá de la Audiencia Nacional "resultan, quizá, innecesarias", dice Gómez Bermúdez
Como ha informado recientemente Vozpópuli, la comisión judicial encargada de la investigación tiene previsto desplazarse a Panamá a finales de este mes para tomar declaración a una serie de testigos propuestos por Anticorrupción.
"Consideramos, y dicho en términos de defensa, que, a la vista de lo expuesto, las subsiguientes diligencias resultan, quizá, innecesarias", dice Gómez Bermúdez en su escrito al Juzgado del pasado mes de diciembre. "Si bien", añade el exjuez, "al encontrarse ya acordadas, resulta imprescindible dar impulso procesal a su práctica, al objeto de evitar mayores dilaciones en el desarrollo de esta instrucción".
El abogado de Mercasa -la compañía pública, controlada por la Sepi y el Ministerio de Agricultura, figura en la causa como imputada y también como perjudicada- señala en su escrito al Juzgado de Pedraz que ya se encuentran incorporadas a la investigación dos informes "que arrojan conclusiones fácticas distintas a las manifestadas por el Ministerio Fiscal".
Gómez Bermúdez se refiere a un informe de la consultora EY, presentado en septiembre de 2019, y a otros elaborados por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF), de los que, asegura el exjuez, no parece posible extraer indicios de irregularidades con alcance penal.
Además, en su escrito de diciembre al Juzgado, Gómez Bermúdez se refiere a la situación en la causa del que fuera delegado de Mercasa en Panamá e Iberoamérica, Luis Hermosilla, quien permanece como investigado y que es representado por otro despacho de abogados.
Mercasa indica que no se ha hallado evidencias de que Hermosilla hubiera percibido alguna comisión irregular
El exjuez repasa los contratos celebrados en Panamá por la compañía pública en el periodo septiembre 2012-junio 2017, y los informes elaborados al respecto por la UCDEF.
La unidad policial, señala Gómez Bermúdez, concluye que, en relación con los importes abonados a Hermosilla "no se han hallado, en la documentación analizada, evidencias de que Luis Alberto Hermosilla haya percibido ningún tipo de comisión, beneficio irregular, etcétera, que pudiera poner de manifiesto una colaboración o intermediación (tanto personal, como a través de empresas interpuestas) al objeto de que Mercasa hubiera sido beneficiada por adjudicaciones de contratos por parte del Gobierno de Panamá".
Gómez Bermúdez concluye en su escrito al Juzgado de Pedraz que, al igual que hace Hermosilla, "los argumentos sostenidos por la acusación para mantener la instrucción de la causa en relación con Panamá, permanece inalterada, a pesar de los múltiples indicios de ausencia de elementos de criminalidad, acreditados por informes de terceros independientes y de la propia UCDEF".
