El último Consejo de Ministros de 2020 no incluye esta cuestión pese a los anuncios del Gobierno durante la negociación de los Presupuestos
El último Consejo de Ministros de 2020 no abordará la reforma para reducir las penas por el delito de sedición, según confirman a Vozpópuli fuentes gubernamentales y del Ministerio de Justicia. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se había comprometido a impulsar antes de fin de año esta polémica iniciativa de la que se verían beneficiados los dirigentes independentistas del procés condenados por este delito en el Tribunal Supremo.
El Gobierno había incluido esta propuesta en su Plan Anual Normativo 2020, según el cual, el Ministerio de Justicia se comprometía a tramitar una ley orgánica para la modificación del Código Penal. El programa -que se puede consultar en el Portal de Transparencia- explicaba que “la propuesta de reforma se centra en las figuras delictivas contra el orden público y la Constitución con la finalidad de adaptarlas en perspectiva comparada con los textos nacionales de otras legislaciones nacionales europeas”.
En un principio esta reforma de la sedición no fue incluida en ese programa normativo que presentó la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo en rueda de prensa el pasado 9 de septiembre. Pero el Gobierno lo incluyó “a última hora”, según avanzó El Periódico y confirmaron fuentes gubernamentales a Vozpópuli. “Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros el Plan Normativo para este segundo semestre”, dijo Calvo tras la rueda del Consejo de Ministros de esa semana (en realidad ya lo había presentado una primera vez en febrero).
“Va a impulsar el calendario legislativo de toda esta panoplia de propuestas de todos los departamentos ministeriales que hemos aprobado, irá saliendo en nuestro calendario normativo de aquí a final de año (...) terminaremos el año con un esfuerzo importante de respuesta y de compromiso exhaustivo de lo que nos comprometimos cuando se inició este año primero de legislatura en tiempos muy, muy excepcionales”, añadió la vicepresidenta a la vuelta del parón veraniego.
En los mismos términos se refirió esa semana el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una entrevista en La Cadena Ser. Confirmó que impulsaría la reforma de la sedición este curso y que sería mediante una propuesta de su Departamento ante el Consejo de Ministros: “Lo estamos elaborando desde el Ministerio de Justicia. Tenemos que adecuar nuestro Código Penal, el articulado en materia de orden público no se toca desde hace 144 años. Estamos teniendo reveses de Europa”.
Se basó en una promesa del propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez para garantizar que “se hará abriendo un debate, por tanto, la preparará el Ministerio de Justicia, se llevará al Consejo de Ministros, será informada por todos los que tengan que informar y por fin podrá empezar un debate parlamentario donde se podrá enriquecer el texto”. Ese proceso que dibujó Campo prolongaría los trámites durante meses hasta entrar en vigor.
Por esas fechas, en septiembre, el Gobierno ya tenía la mente puesta en recabar apoyos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. De hecho, en la misma rueda de prensa en la que se anunció el Plan Normativo Anual 2020, la portavoz María Jesús Montero instaba a todos los grupos a respaldar las cuentas públicas y olvidar los “vetos”. Al final, los Presupuestos del Gobierno de coalición del PSOE y Podemos han salido adelante en diciembre con el apoyo de ERC, PDeCAT y EH Bildu.
La revisión del delito de sedición supondrá una rebaja de las condenas que establece actualmente el Código Penal. Hoy la pena máxima es de 15 años de prisión. Los líderes del procés fueron condenados en 2019 a un máximo de 13 años, aunque a varios de ellos también se les aplicó un delito de malversación. Llevan tres años en la cárcel y se verían beneficiados retroactivamente. Al ver reducidas sus condenas en uno de los dos delitos, adelantarían su salida de prisión y la opción de acceder a beneficios penitenciarios. Pero por el momento tendrán que esperar.
Fuentes de Justicia admiten ahora a Vozpópuli que impulsar esta reforma antes de final de año era la intención de Campo, pero no ha podido ser. No detallan las razones del retraso, pero la propuesta ni siquiera se barajó a finales de la semana pasada en la reunión de secretarios de Estado en la que discuten los asuntos que serán aprobados en el Consejo de Ministros. Otras iniciativas recientes del Ministerio como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) sí que estuvieron varias semanas en cola esperando a saltar al Consejo de Ministros.
Lo cierto es que el Ministerio ya tiene una idea de lo que quiere hacer en ese afán de adecuarse a otros países europeos. Se plantea una rebaja de las penas actuales asimilando la sedición al delito de resistencia grave castigado en otros países con no más de cinco años de cárcel.
Otra alternativa para los presos del procés es la vía del indulto a la que este fin de semana se refirió en una entrevista para La Vanguardia un peso pesado del Gobierno como el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Al ser preguntado acerca de las intenciones del Ejecutivo respecto a la concesión de esa medida de gracia para los condenados del procés, el ministro socialista argumentó que “el Gobierno tiene la obligación legal de tramitar los indultos, y la obligación moral de aliviar tensiones que puedan dañar la convivencia”.
